En junio de 2026, el informe de progreso de los ODS del Ministerio de Estadística e Implementación de Programas (MoSPI) señaló que la cobertura de protección social en India casi se triplicó, pasando del 22 % en 2016 al 65,3 % en 2026. Este aumento se atribuyó al registro de las personas trabajadoras en programas como Ayushman Bharat, Atal Pension Yojana y e-Shram. Desde 2021, India registró a más de 315 millones de personas trabajadoras del sector no organizado en el portal e-Shram, una base de datos nacional diseñada para conectar a las personas trabajadoras en empleo informal con programas de bienestar y protección social.
Estas cifras han sido ampliamente celebradas en el discurso político como una señal de formalización, un proceso mediante el cual las personas trabajadoras obtienen prestaciones de seguridad social, reconocimiento jurídico, protecciones laborales exigibles y una capacidad real de ejercer sus derechos. De ser exactas, esto representaría el proceso de formalización más grande y más rápido de la historia. Sin embargo, como plantean Shalini y Shalaka, si bien e-Shram ha avanzado en darles una identidad a las personas trabajadoras dentro del sistema, no ha logrado garantizar las prestaciones que esa identidad digital debía asegurar. Para personas trabajadoras como Bipin, un trabajador migrante de la construcción en Najafgarh, Nueva Delhi, registrarse sin poder acceder a prestaciones termina siendo una promesa vacía.
“Nos dijeron que la tarjeta nos iba a dar prestaciones… pero fue solo otra promesa vacía. Es otra tarjeta vacía que tengo guardada en mi billetera.”
En 2025, la Comisión Parlamentaria Permanente de Finanzas de India le preguntó al Ministerio de Trabajo si la formalización implicaría seguridad de ingresos sostenida, protección social y empleo a largo plazo. La respuesta del Ministerio fue reveladora: los datos de e-Shram, señaló, “pueden ser usados” y “podrían ofrecer información útil”. Hay trescientos quince millones de registros, pero se desconoce si algo de esto cambió la vida de las personas trabajadoras.
El registro digital se ha promovido en todo el mundo como una forma de ampliar el alcance del Estado y administrar protecciones a gran escala. Lo que comenzó como una herramienta para conectar a las personas trabajadoras en empleo informal con derechos y protecciones se ha convertido silenciosamente en una medida de formalización en sí misma. Ofrece visibilidad, escalabilidad y conveniencia política —la capacidad de señalar la magnitud de la población trabajadora no organizada—, pero dice muy poco sobre si la vida de las personas trabajadoras realmente cambió.
La promesa de la escala
El portal e-Shram nació en un momento de crisis. Durante la pandemia de la COVID-19, las imágenes de personas trabajadoras migrantes caminando cientos de kilómetros para volver a sus hogares, sin ingresos, sin techo, invisibles para todos los sistemas que debían protegerlas, forzaron al país a asumir una responsabilidad ineludible. Esto llevó a la creación de e-Shram, la mayor base de datos de personas trabajadoras no organizadas del mundo, que buscaba conectar a las personas trabajadoras con la seguridad social.
Para un país donde más del 90 % de la población ocupada tiene un empleo informal, esto no fue un logro administrativo menor. Fue, en sus propios términos, un hito sin precedentes.
Sin embargo, el éxito de la escala no es lo mismo que el éxito del impacto.
Un mapa sin rutas
El artículo que publicamos recientemente en Global Social Policy muestra que e-Shram se focalizó en la inscripción en sistemas digitales sin abordar las condiciones estructurales profundas que hacen vulnerables a las personas trabajadoras. El portal produjo un mapa notable del trabajo informal. Las rutas hacia los derechos y las prestaciones correspondientes aún no han sido construidas.
Llamamos esto una formalización limitada: una forma de formalización que prioriza la visibilidad por sobre la transformación socioeconómica, haciendo visibles a las personas trabajadoras ante el Estado sin formalizar sus condiciones de trabajo.
Esta distinción importa. Las trabajadoras que se registraron no encontraron ninguna legislación laboral correspondiente que se aplicara a ellas. Las personas trabajadoras migrantes seguían sin poder acceder a prestaciones al trasladarse entre distintos estados del país. Las personas trabajadoras mayores de 60 años no podían registrarse en absoluto. Algunas personas trabajadoras, asumiendo que e-Shram reemplazaba a las juntas de bienestar existentes, se dieron de baja de programas a los que ya tenían derecho y perdieron protecciones cuando justamente buscaban nuevas.
La informalidad no es una condición única que una tarjeta de registro pueda resolver. Como reconoce la Recomendación 204 de la OIT, se trata de un conjunto de déficits de derechos: la ausencia de contratos de trabajo, la falta de seguridad social, la falta de reconocimiento jurídico, la falta de protecciones laborales y la falta de poder de negociación. Una formalización que aborda un solo hilo —el registro— no desenreda el resto. Solo hace que el resto sea más difícil de ver.
De diseñar para las personas trabajadoras a diseñar con ellas
La brecha entre el registro y los derechos no es solo un problema tecnológico. Refleja la ausencia de las voces adecuadas en el diseño: las organizaciones de personas trabajadoras y los colectivos de base que conocen a estas personas trabajadoras desde mucho antes que cualquier portal.
El registro requería una tarjeta Aadhaar, una cuenta bancaria vinculada y un número de celular. Para muchas personas trabajadoras, al menos un eslabón de esa cadena estaba roto. Muchas no contaban con smartphones o acceso a internet, y esto afectaba de manera desproporcionada a las mujeres.
Organizaciones de la sociedad civil, ONG y colectivos de base intervinieron para ayudar a las personas trabajadoras a completar el proceso de registro. La mayoría de los registros en e-Shram se realizaron a través de intermediarios. El Estado construyó el portal, pero los intermediarios mejoraron su accesibilidad.
Sin embargo, estas mismas organizaciones siguen estando mayormente ausentes de los espacios donde se diseñan las políticas. Las decisiones sobre elegibilidad, categorías ocupacionales e integración de programas las toma el Estado, para los fines del Estado. Las organizaciones de personas trabajadoras son fundamentales para llegar a las personas trabajadoras en el último tramo y para institucionalizar su lugar dentro del sistema.
India no es la única
La experiencia en India no es un caso aislado. Es una instancia especialmente visible de un patrón que se repite en todo el mundo. Las plataformas digitales afirman formalizar el trabajo en plataformas sin formalizar sus condiciones. Los sistemas de protección social otorgan elegibilidad en el papel sin otorgar prestaciones sustantivas en la práctica. Dondequiera que la formalización se mida en cifras de inscripción y no en si la vida de las personas trabajadoras cambió materialmente, opera la misma brecha.
Cuando los Gobiernos y las organizaciones de personas trabajadoras se reunieron en la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2026, una pregunta central fue cómo crear estructuras de diálogo genuino que incorporen la voz de las personas trabajadoras en el diseño de la formalización y no solo en su implementación. La arquitectura tripartita que exige la Recomendación 204 de la OIT ha estado notoriamente ausente del diseño de la formalización en muchos países. Esa ausencia no es un error accidental. Es un déficit democrático.
Tres cosas que deben cambiar
La formalización no es un interruptor. Es un proceso de largo plazo que se negocia políticamente. A medida que países como India avanzan hacia el estudio de la relación entre el registro digital y la formalización, hay tres cosas que deben cambiar:
- De contar a medir el cambio real: Una base de datos de registro es infraestructura y no debería confundirse con la formalización efectiva de las condiciones de las personas trabajadoras. El Estado necesita ahora examinar si las personas trabajadoras registradas pueden efectivamente acceder a prestaciones, mejorar sus condiciones de trabajo o estabilizar sus ingresos con el tiempo.
- Garantizar la portabilidad de las prestaciones: e-Shram surgió de la promesa de garantizar el bienestar de las personas trabajadoras migrantes no organizadas. Si bien ya están registradas en el portal, el acceso real a sus derechos sigue atado al lugar donde se registraron. Los registros digitales deben usarse para habilitar la portabilidad.
- Tratar a las organizaciones de personas trabajadoras como socias institucionales, no como agentes de implementación: Los colectivos de personas trabajadoras y las organizaciones de la sociedad civil han sido esenciales para que e-Shram funcione en la práctica. Ahora necesitan un rol formal en la institucionalización de la voz de las personas trabajadoras dentro del sistema.
¿Más allá de una tarjeta en la billetera?
La tarjeta de Bipin sigue estando en su billetera. Existe. Tiene su nombre. Lo que no ha hecho es cambiar sus condiciones de trabajo, su acceso a las prestaciones de protección social ni su poder para negociar los términos de su empleo.
Esa es la brecha entre el registro y los derechos. Cerrarla requiere más que mejorar portales o apuntar a mayores inscripciones. Requiere tratar la formalización como lo que realmente es: no un trámite administrativo, sino un compromiso político con las personas a las que se supone que el sistema debe servir.