Regulación de la venta informal de alimentos en tiempos de COVID-19 y más adelante: las mejores prácticas de África y América Latina

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Meat seller in Accra, Ghana
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Teresa Marchiori

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Para conocer de qué manera los gobiernos regularon la actividad económica de lxs vendedorxs en empleo informal en respuesta a la crisis de la COVID-19, el Programa de Derecho de WIEGO analizó las leyes y normativas que los estados promulgaron para hacer frente a la crisis en mayo de 2020. La investigación abarcó 64 países en África, Asia y América Latina. En octubre de 2020 llevamos a cabo una segunda encuesta para recopilar las nuevas leyes adoptadas por los países a medida que la crisis evolucionaba. 

Entre muchos de los interesantes hallazgos, uno resulta llamativo: por primera vez, en ambas regiones, se reconoció a lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal como actores económicos esenciales. 

En efecto, la crisis de la COVID-19 dejó al descubierto que lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria al asegurar la continuidad y adaptabilidad de la distribución alimentaria. A medida que los países decretaban el aislamiento, la circulación de bienes y personas se limitó y las actividades económicas se paralizaron. Los gobiernos, preocupados por garantizar la disponibilidad de los bienes y servicios indispensables, enumeraron las actividades esenciales que podían seguir funcionando. En 21 países de África y 12 países de América Latina alguna forma de venta ambulante de alimentos fue declarada esencial. 

Debido a que los casos están en aumento otra vez y nuevas olas de contagio sacuden a países de todos los continentes, los gobiernos locales y nacionales deben tomar nota de las buenas prácticas y las dificultades que surgieron en los últimos meses. Sin embargo el papel de lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal como actores económicos esenciales no termina con la pandemia. Lxs legisladorxs deben emplear los aprendizajes adquiridos para diseñar estrategias a largo plazo y el marco jurídico propicio que protejan y apoyen a lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal y que reflejen plenamente su contribución como proveedores de servicios esenciales. Aquí abordo las buenas prácticas y las problemáticas a las que las autoridades locales deben hacer frente para replantearse su enfoque sobre la venta informal y el acceso al espacio público durante la crisis y en el futuro.

  1. Las técnicas para la formulación de leyes importan: las leyes y normativas deben reconocer expresa y claramente como esenciales a lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal. El lenguaje utilizado en las leyes y normativas que declararon a determinadas actividades como esenciales varió considerablemente. En algunos países, las listas de actividades económicas hicieron una referencia general a la distribución de alimentos, sin mencionar específicamente a lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal. Esto brindó a las autoridades locales un amplio margen de interpretación y discreción para implementar dichas disposiciones. Sin una estrecha coordinación entre las autoridades, en muchos casos, las normativas nacionales no concordaban con las políticas locales sobre lxs vendedorxs en empleo informal. En la municipalidad de Comas, en Perú –donde estaban permitidas todas las actividades de distribución de alimentos– las autoridades hicieron prevalecer las órdenes de quedarse en casa por sobre las disposiciones de regulación de las actividades económicas esenciales y desalojaron a lxs vendedorxs ambulantes en empleo informal que vendían alimentos. En Paraguay, donde todas las actividades de distribución de alimentos fueron declaradas esenciales sin mayores especificaciones, el Ministro del Interior tuvo que aclarar en un comunicado público que lxs vendedorxs ambulantes en empleo informal efectivamente tenían autorización para trabajar.

    Para garantizar claridad y una implementación coherente, las leyes –y, específicamente, las leyes y normativas locales– deben declarar como esenciales a lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal. Catorce países en África y doce en América Latina lo hicieron. Las normativas en Montevideo, Uruguay, por ejemplo, declararon expresamente a lxs vendedorxs ambulantes de comida como trabajadorxs esenciales. Esto fortaleció la posición de lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal más vulnerables frente a las autoridades públicas y su –muy a menudo– enfoque punitivo.
     
  2. Lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal pueden trabajar de forma segura, sin importar donde vendan sus productos. La gran mayoría de los países en África y América Latina permitieron que los mercados continuaran abiertos durante la pandemia. Por el contrario, solo el 25 % de los países en África y el 46 % en América Latina permitieron trabajar a lxs vendedorxs ambulantes de comida. De estos, solo seis (14 %) en África y dos (13 %) en América Latina expresamente declararon como trabajadorxs esenciales a lxs vendedorxs ambulantes de comida. Esto produjo que estxs últimxs –lxs más vulnerables entre los vendedorxs en empleo informal, cuyo papel económico esencial a menudo no es reconocido– sufrieran las peores consecuencias de la crisis. 

    El motivo por la preferencia de trabajar en sitios de venta “formales” reside quizás en el supuesto de que las medidas de salud y seguridad en el trabajo (SST) se podrían implementar más fácilmente en dichos espacios que en puestos en las calles y plazas. Pero no tiene por qué ser así. Lxs vendedorxs pueden trabajar de forma segura tanto en las calles y las plazas como en los mercados. La municipalidad de Montevideo, en Uruguay, por ejemplo, adoptó normas de higiene detalladas para que cumplieran todxs lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal, entre las que se incluían: distanciamiento entre los puestos, rutinas de limpieza y desinfección, manipulación segura de productos y solicitar a lxs clientxs que “minimizaran el tiempo de permanencia en las áreas comerciales con mucho tráfico”. Mediante la educación y el compromiso con lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal, pueden emerger nuevos acuerdos que garanticen la salud y la seguridad en todos los espacios comerciales, ya sean mercados designados o puntos de ventas no registrados.
     
  3. Lxs trabajadorxs esenciales deben trabajar, y los gobiernos deben brindar el equipamiento y la infraestructura necesarios para la seguridad de lxs trabajadorxs y sus clientxs. Los equipos de protección individual (EPI), las estaciones de lavado de manos y los productos para higienizar y desinfectar los espacios comerciales cuestan mucho dinero. La mayoría de las leyes que ordenan las medidas de SST en los espacios comerciales no especificaban quién correría con esos gastos. La vaga formulación de las leyes jugó en contra de lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal, quienes tuvieron que soportar la carga financiera adicional. Casi todos los buenos ejemplos de una gestión inteligente de la crisis y medidas de justicia social y económica provienen de África. En 15 países de la región, las leyes solicitaron a los ministerios, gobiernos locales y dueñxs o responsables de mercados que proporcionaran EPI, artículos de limpieza y estaciones de lavado de manos. En Namibia, las normativas hicieron expresamente responsables a las autoridades locales de garantizar condiciones de trabajo seguras en los espacios comerciales. En América Latina, Bolivia es un caso aislado en el que los municipios asumieron los gastos adicionales de lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal que trabajaron durante la crisis de la COVID-19. Siguiendo estos ejemplos, los gobiernos pueden adoptar un enfoque nuevo sobre la venta informal y la gestión del espacio público y establecer medidas a largo plazo para brindar espacios comerciales seguros para lxs vendedorxs y clientxs durante la crisis y después de ella.
     
  4. “Nada para nosotrxs sin nosotrxs”. A pesar de que lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal desempeñan un papel esencial en la distribución y la seguridad alimentarias de ambas regiones, estuvieron ausentes de los foros que tomaron las decisiones para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. En América Latina, no hallamos ninguna evidencia sobre la creación de espacios de diálogo con lxs vendedorxs en empleo informal por parte de las autoridades locales y nacionales. En África, por otra parte, hubo algunos ejemplos prometedores de toma de decisiones inclusivas. En Ghana, lxs directivxs de los ministerios establecieron que los comités de salud pública locales incluyan a miembros de las asociaciones de mercados. En Liberia, el presidente solicitó a lxs líderes de asociaciones de mercados que trabajen en conjunto con el Ministerio del Interior para regular las operaciones del mercado. Se necesitan más de estas iniciativas. Los gobiernos a nivel local y nacional deben crear espacios institucionales para incluir sistemáticamente a lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal en los procesos de elaboración de las leyes que regulan el acceso al espacio público y las ventas informales.

Foto principal: Una vendedora de carne fresca en el mercado de Makola en Accra, Ghana. Créditos: Benjamin Forson

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