Esta nueva crisis acentúa las antiguas injusticias de la economía global 

En Italia, estamos por cumplir un mes entero de cuarentena obligatoria. La cobertura de COVID-19 por parte de muchos de los medios de comunicación más influyentes del mundo ha estado dominada por informes desalentadores sobre sistemas de salud desbordados, tanto aquí en Europa como en América del Norte. Sin embargo, el foco de atención ha comenzado a desplazarse para mostrar una realidad igualmente devastadora en el Sur global. Esa realidad incluye déficits estructurales de largo plazo, propios de una economía global que limita la capacidad de las personas para lidiar con estas condiciones de crisis.

Durante 23 años, la red de WIEGO y sus aliados han estado señalando las precarias condiciones de las trabajadoras y trabajadores en empleo informal, cuyas contribuciones a la economía y a la sociedad son esenciales pero, lamentablemente, son menospreciadas. Ahora, la COVID-19 no sólo resalta los problemas existentes, sino que los profundiza.

Las cifras de la COVID-19

Desde un comienzo, en la historia de la COVID-19 han predominado las cifras: la cantidad de personas infectadas, la cantidad que se ha recuperado, la cantidad que ha sucumbido ante esta terrible enfermedad, tanto a nivel local como mundial.

Más recientemente, las cifras financieras también han comenzado a aparecer en los titulares. Principalmente en los países ricos del Norte global, los gobiernos nacionales han anunciado paquetes de ayuda de emergencia con precios audaces y claramente articulados. Es alentador ver que algunos incluyen políticas de intervención que reconocen la realidad de la estructura laboral actual y tienen en cuenta a las trabajadoras y trabajadores independientes y de la economía de plataforma, aunque sea a través de medidas que tienen sus limitaciones.

Las federaciones sindicales mundiales desempeñan un rol principal en garantizar que las personas trabajadoras no queden en el olvido. La Confederación Sindical Internacional (CSI), por ejemplo, ha analizado programas de ayuda que incluyen la sustitución de ingresos de emergencia, licencias pagas (tanto por enfermedad como por responsabilidad de cuidado de otras personas) y alivio en el pago de préstamos hipotecarios o de otro tipo, y ha publicado “Priorizar a las personas: 12 gobiernos muestran al mundo cómo proteger vidas, empleos e ingresos”.

Son pocos los países del Sur Global, con algunas excepciones, que están brindando un apoyo integral a quienes no tienen trabajos formales. Los programas de subsidios en efectivo preexistentes a la crisis suelen estar destinados a quienes se encuentran en la extrema pobreza (es decir, a quienes quedan fuera del mercado laboral), y excluyen a las personas que trabajan en la economía informal. Los programas de subsidios en efectivo de emergencia que se están desarrollando tampoco contemplan a las trabajadoras y trabajadores de la economía informal, por diversas razones.

El 61 % de la población ocupada del mundo trabaja en la economía informal; en los países en desarrollo, esa cifra alcanza un 90 % en general y un 79 % en áreas urbanas.

Este hecho es significativo, ya que hay otras cifras que resultan igualmente relevantes en esta crisis. El 61 % de la población ocupada del mundo trabaja en la economía informal; en los países en desarrollo, esa cifra alcanza un 90 % en general y un 79 % en áreas urbanas. Aproximadamente dos tercios de todas las personas trabajadoras de los países en desarrollo trabajan de forma independiente. La mayoría trabajan por cuenta propia o contribuyen con un negocio familiar y, en promedio, viven en la pobreza.

Las organizaciones de base de trabajadoras y trabajadores de la economía informal están dando una clara señal de advertencia. Para sobrevivir a esta disrupción masiva, las personas trabajadoras en situación de pobreza deben ser vistas y oídas por quienes elaboran las políticas financieras y de salud.

Las vendedoras y vendedores ambulantes, frente a una nueva ironía

Las personas vendedoras ambulantes (comerciantes) se ganan la vida en espacios públicos generalmente muy concurridos. Investigaciones recientes muestran que muchas de ellas no tienen un acceso adecuado al agua, a servicios sanitarios ni a una buena higiene, por lo que no tiene sentido pedirles que se laven las manos, a menos que las autoridades municipales les brinden los medios para hacerlo. Además, en las ciudades de todo el mundo, las vendedoras y vendedores ambulantes han enfrentado durante mucho tiempo reglamentaciones onerosas y medidas punitivas, incluyendo arrestos y confiscación de bienes, que constituyen un severo impedimento para ganarse la vida.

Lo que resulta irónico es que las personas vendedoras en empleo informal son una parte esencial de las cadenas de suministro de alimentos, ya que brindan una alimentación accesible a aquellas personas que solo pueden comprar los artículos de primera necesidad en cantidades muy pequeñas y no pueden siquiera darse el lujo de acceder a los precios de los supermercados de descuento.

Y ahora se agrega una nueva y terrible ironía: la imposición de cuarentenas obligatorias a nivel local y nacional para contener la propagación de la enfermedad, que amenaza no sólo sus medios de subsistencia sino la supervivencia misma de las personas vendedoras en empleo informal. Tal como afirmó Rosheda Muller, presidenta de la Alianza de Comerciantes del Sector Informal de Sudáfrica (SAITA), en una carta abierta al gobierno de Sudáfrica días antes de que el país estableciera la cuarentena obligatoria a nivel nacional:

Nuestro sector será, probablemente, el más afectado. Cualquier interrupción o suspensión del comercio tendrá un impacto catastrófico en la subsistencia de miles y miles de personas trabajadoras en empleo informal y sus familias. A diferencia del sector público y privado, no existe una red de seguridad que nos contenga. Quedaremos literalmente abandonados y sin medios de subsistencia, a menos que el gobierno intervenga y brinde algún tipo de asistencia.

Las trabajadoras en domicilio enfrentan pérdidas por las cadenas mundiales de suministro

En el extremo opuesto del espectro de visibilidad, las trabajadoras en domicilio, que durante mucho tiempo conocieron el aislamiento, ahora también están sufriendo el impacto de la COVID-19. HomeNet del Sur de Asia (HNSA) informa que las mujeres contratistas dependientes en domicilio, que producen para cadenas mundiales de suministro, dejaron de recibir pedidos hace un mes. En su petición al gobierno de India (donde el 93,7 % de las personas trabajadoras pertenece al sector informal), la Asociación de Mujeres Autoempleadas (SEWA, por sus siglas en inglés), que es un sindicato y miembro de HNSA, declaró:

Millones de trabajadoras en domicilio se encargan del acabado o del agregado de valor, haciendo bordados, adornos en la ropa, etc. Como gran parte de los encargos provienen de tiendas o incluso de pedidos del exterior, el trabajo se ha detenido por completo. Por ejemplo, más de 4 lakh [400 000] trabajadoras del estilo de bordado Chikan en Lucknow están sin trabajo desde la primera semana de marzo, por el temor a que tengan las manos infectadas.

El hecho de que estas mujeres hayan perdido sus ingresos (y, en consecuencia, la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de sus hogares) antes de que se propagara el virus o se declarara la cuarentena obligatoria revela un problema estructural de la economía global. Estas trabajadoras producen para marcas nacionales e internacionales, ganan solo una ínfima fracción del precio minorista de las prendas que fabrican y no tienen otro sustento ante la ausencia de pedidos.

Las recicladoras y recicladores necesitan una mejor protección

Las personas recicladoras siempre han brindado servicios esenciales de saneamiento y de gestión de residuos sólidos que benefician a la economía, la salud pública y el medio ambiente. Sin embargo, en la mayor parte del mundo, sus contribuciones no reciben ningún reconocimiento.

Las preocupaciones que plantean las organizaciones de recicladoras y recicladores en esta pandemia no difieren de las cuestiones por las que han luchado durante años. La primera es el riesgo para la salud. Como siempre, las personas recicladoras corren el riesgo de contraer enfermedades, dado que el material que recolectan y clasifican puede estar contaminado. Sin embargo, incluso en los países donde las personas recicladoras están integradas a los sistemas formales y se les paga como proveedoras de servicios, ahora deben luchar para obtener equipos de protección para reducir los riesgos a los que se enfrentan.

Entonces, ¿por qué seguir trabajando durante la COVID-19? En primer lugar, las personas recicladoras no pueden sobrevivir sin un ingreso. Y, en segundo lugar, hay una amenaza generalizada de privatización. Si no continúan brindando el servicio con el que cuentan los municipios, corren el riesgo de perder su negocio ante las grandes corporaciones que buscan acceder al material de desecho lucrativo. Entonces se la juegan: prefieren trabajar incluso arriesgándose a contagiarse, para proteger el acceso que tienen a los materiales reciclables.

Las trabajadoras del hogar, vulnerables y en primera línea

Las trabajadoras del hogar son trabajadoras del cuidado de primera línea y, al igual que las personas recicladoras, enfrentan los riesgos de exponerse al virus. Necesitan disponer de elementos de protección si se espera que continúen brindando servicios esenciales de higiene. Históricamente, carecen de protecciones laborales y sociales, entre las que se incluyen pocas protecciones de salario mínimo y de licencia paga por enfermedad.

La Federación Internacional de Trabajadores del Hogar emitió una declaración en la que exige a los gobiernos que tomen más medidas de protección para con estas personas trabajadoras. Sus afiliados están emitiendo pedidos similares en todo el mundo y solicitando también que los hogares individuales continúen remunerando a las trabajadoras del hogar, aún ante el pedido o la necesidad de que se ausenten de su trabajo.

Se necesitan medidas urgentes

Estos breves ejemplos de todo el Sur global demuestran la necesidad urgente de que los gobiernos de todos los niveles tomen medidas inmediatas, independientemente de la tasa de infección o las restricciones de movilidad que ya se han implementado. Las personas trabajadoras en empleo informal, que durante mucho tiempo han sido las más castigadas por las desigualdades estructurales, son una parte vital de las economías y los sistemas urbanos. Sin el debido apoyo, esos sistemas, que en la actualidad ya son precarios, colapsarán.

Los equipos de Protección Social y Ciudades Focales de WIEGO han realizado un estudio de evaluación rápida en toda nuestra red. En los próximos días y semanas, podrán encontrar en la sección COVID-19 de nuestro sitio web información e historias sobre la terrible cantidad de víctimas provocadas por la crisis de la COVID-19, así como el notable trabajo realizado por nuestros miembros.

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