Preguntas frecuentes sobre formalización
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La economía informal abarca todas las actividades económicas, empresas, trabajos y personas trabajadoras que, en la legislación o en la práctica, no están cubiertos por sistemas formales. Esto incluye los marcos legales que regulan el funcionamiento de las empresas, así como las protecciones sociales y legales para las personas trabajadoras.
Fuente: OIT (2015), Recomendación núm. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal
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La formalización es un proceso gradual que tiene como objetivo: 1) ampliar los derechos legales y las protecciones sociales de las personas trabajadoras; o 2) lograr que las actividades y operaciones de las unidades económicas y empresas informales se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes.
Las medidas para promover la formalización varían según el contexto, el sector y si se trata de formalizar a personas trabajadoras, empresas o unidades económicas. Los esfuerzos por formalizar el empleo informal deben centrarse en ampliar los derechos y las protecciones de las personas trabajadoras, no solo sus obligaciones.
Fuente: OIT (2021), Transición de la economía informal a la economía formal – Teoría del cambio
El siguiente video explica la formalización basada en un enfoque de derechos, incluyendo soluciones prácticas para sectores específicos y formas de empleo.
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Los Gobiernos pueden promover la formalización mediante una variedad de políticas de apoyo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define tres vías complementarias hacia la formalización: 1) generar empleo decente y empresas sostenibles en la economía formal; 2) impulsar la transición de las personas trabajadoras y las empresas de la economía informal a la economía formal; y 3) prevenir la informalización de los empleos.
Los procesos deben centrarse en reducir riesgos para las personas trabajadoras mediante: un mejor acceso a la protección social, el reconocimiento de sus derechos laborales y a la negociación colectiva, un mejor acceso a capacitaciones profesionales y al desarrollo de habilidades, y medidas acordes al sector que mejoren sus condiciones de trabajo y el acceso a medidas de apoyo.
Para facilitar la transición de las unidades económicas informales, los Gobiernos pueden implementar políticas macroeconómicas, de empleo y sociales, entre otras, para generar condiciones favorables a la formalización y reducir los riesgos y obstáculos.
La participación de las personas trabajadoras en el diseño y la implementación de cualquier proceso de formalización es fundamental porque garantiza que se reflejen en las políticas sus necesidades y realidades.
Fuente: OIT (2021), Transición de la economía informal a la economía formal – Teoría del cambio
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No existe un único enfoque de la formalización que funcione en todos los contextos. Es fundamental contar con información confiable y estadísticas sobre la economía informal para diseñar políticas sociales y económicas que respondan a las realidades del mercado laboral y aborden las causas de los riesgos para las personas trabajadoras y de la falta de trabajo decente.
Fuente: OIT (2015), Recomendación núm. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal
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Las empresas se consideran informales en función de cuánto se ajustan a los requisitos de inscripción en el registro y de contabilidad. En algunos casos, esto se relaciona con leyes laborales o de seguridad social, obligaciones fiscales o regulaciones de salud y ambientales. En otros casos, las empresas informales no están contempladas en esas leyes y regulaciones, lo cual limita no solo sus deberes, sino también su protección.
Fuente: OIT (2021), Formalización de empresas: Una Introducción
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La formalización significa que una empresa o unidad económica informal transiciona a la economía formal.
Esto implica que opera dentro del marco regulador y puede disfrutar de los beneficios que eso presenta, como tener protecciones legales y el apoyo financiero y empresarial que supone la inscripción formal.
También implica cumplir con obligaciones, como llevar los registros contables correspondientes, pagar impuestos y formalizar la relación laboral con las personas trabajadoras.
Formalizar una empresa no conlleva necesariamente la formalización del empleo en su estructura.
Fuente: OIT (2021), Transición de la economía informal a la economía formal – Teoría del cambio
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La falta de protección legal forma parte de la definición de informalidad. El derecho laboral distingue entre personas trabajadoras que tienen una relación laboral estándar y aquellas que no. Las relaciones laborales estándares son trabajos ininterrumpidos, a tiempo completo y que se caracterizan por una relación directa entre el empleador y la persona empleada. La mayoría de las leyes laborales contemplan únicamente las protecciones y los derechos de las personas trabajadoras en una relación laboral estándar, o solo contemplan un número limitado en el caso de las personas trabajadoras en una situación no estándar. Esto puede incentivar la clasificación fraudulenta de personas trabajadoras para que queden fuera del derecho laboral.
Fuente: von Broembsen, M. (2016), Eliminating Legal Barriers from the Perspective of the Informal Economy [Eliminar los obstáculos legales desde la perspectiva de la economía informal]
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Las personas trabajadoras en empleo informal quieren un proceso de formalización basado en los derechos y participar de manera directa en darle forma, idealmente mediante la negociación colectiva.
Los esfuerzos de formalización deben alinearse con los principios establecidos en la Recomendación 204 de la OIT, una de las normas internacionales del trabajo. Deberán estar orientados a reducir los riesgos y las barreras estructurales que enfrentan las personas trabajadoras y favorecer el trabajo decente, el bienestar comunitario y la justicia social. Esto requiere políticas públicas inclusivas y apropiadas que ayuden a ampliar la protección social y el reconocimiento legal.
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La OIT desarrolla normas del trabajo que pueden funcionar como tratados jurídicamente vinculantes o como guías no vinculantes para los Estados miembro.
La Recomendación 204 de la OIT, dedicada a la formalización, hace hincapié en que los procesos de formalización deben respetar los derechos fundamentales de las personas en el trabajo, preservar los medios de subsistencia que ya existen y fomentar el trabajo decente.
Hay otras normas del trabajo para sectores específicos con un gran índice de informalidad, como el trabajo del hogar, y otras que se centran en problemas como la violencia y el acoso y la transición justa.
Fuente: WIEGO y la Red ILAW (2024), Applying International Labour Standards to the Informal Economy – Chapter 1: Convention 87: Freedom of Association [Aplicar las normas internacionales del trabajo a la economía informal – Capítulo 1. Convenio 87: libertad sindical]
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Hay numerosas instituciones internacionales y regionales que brindan lineamientos para la formalización mediante leyes internacionales de derechos humanos y otros instrumentos.
La OCDE ha desarrollado lineamientos por sector, mientras que la ONU, el G20 y el APEC han integrado iniciativas de formalización en las políticas de crecimiento económico. Las organizaciones regionales e internacionales reconocen cada vez más la necesidad de cooperar y ayudar a los Gobiernos a promover la formalización.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Estados deben respetar, proteger y garantizar el derecho a las condiciones justas de trabajo para todas las personas.
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Los Gobiernos pueden adoptar una serie de políticas integradas para incentivar la formalización; lo más adecuado dependerá del contexto y los objetivos de las políticas públicas.
Entre las áreas clave para las políticas se encuentran los derechos laborales, la protección social, las mejoras en las condiciones de trabajo y los incentivos para inscribir las empresas y pagar impuestos.
La participación de las personas trabajadoras en el diseño y la implementación de cualquier proceso de formalización es fundamental porque garantiza que se reflejen en las políticas sus necesidades y realidades.
Fuente: OIT (2015), Recomendación núm. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal
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La protección social es un elemento clave de los procesos de formalización.
Una demanda constante de las personas trabajadoras en empleo informal es tener el mismo acceso a los planes de seguridad social, como la atención sanitaria, las prestaciones por maternidad y las jubilaciones, que tienen las personas del sector formal.
Si los planes de seguridad social ofrecen una protección extensa a las personas trabajadoras (y están financiados de manera equitativa por ellas, los empleadores y los Gobiernos), entonces pueden contribuir a la formalización.
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Podemos identificar buenas prácticas para ampliar la protección social de las personas trabajadoras en el empleo informal en todo el mundo.
Argentina, Brasil y Uruguay han implementado regímenes impositivos y contributivos simplificados y subsidiados que permiten a las personas trabajadoras independientes acceder a una serie de prestaciones.
Cabo Verde, Jordania, Kenia, México y Filipinas han incluido a las personas trabajadoras independientes en sus programas generales de protección social. Y Namibia, Ghana, Vietnam, Perú y Tailandia permiten a estas personas cotizar a la seguridad social de manera voluntaria.
Fuente: OCDE (2024), Breaking the Vicious Circles of Informal Employment and Low-Paying Work [Romper el círculo vicioso del empleo informal y el trabajo mal remunerado]
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Para que la formalización se convierta en una realidad, las personas trabajadoras en el empleo informal pueden necesitar mecanismos diferentes en función de su situación en el empleo.
Las personas trabajadoras asalariadas necesitan contratos escritos y prestaciones y protecciones vinculadas al empleo, así como mecanismos que garanticen que los empleadores cumplan con las regulaciones laborales.
Las personas trabajadoras independientes que trabajan por cuenta propia necesitan que las políticas impulsen medidas para fomentar su inclusión económica, que incluyan el acceso a la financiación, la contratación pública y las redes comerciales, así como la protección social y el reconocimiento y la protección acordes con las leyes laborales.
Lo que todas las personas necesitan es acceso a la protección social, al trabajo decente y que se respeten los derechos que tienen como trabajadoras, como el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
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Sí, las personas trabajadoras en empleo informal ya pagan impuestos locales y nacionales. De hecho, muchos países tienen impuestos específicos (llamados impuestos presuntos o simplificados) para este sector.
En muchos casos, la cantidad de impuestos que pagan estas personas es demasiado elevada en relación con sus ingresos. Pagar impuestos y tarifas no significa necesariamente que sean considerados parte del sector formal o que cuenten con beneficios como el acceso a servicios o infraestructura.
Fuente: Rogan, M. (2019), Justicia fiscal y economía informal: un análisis de los debates
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Cuando las personas trabajadoras se organizan en cooperativas, asociaciones y otros colectivos de la economía social y solidaria, crean mecanismos de apoyo mutuo. Pueden autoorganizarse en entidades de la ESS para acceder a planes de ahorro, créditos y servicios de atención sanitaria, especialmente ante la ausencia o la escasez de políticas públicas o de sistemas de protección social provistos por el Estado.
Registrarse como una entidad de la ESS permite a las cooperativas operar dentro de marcos legales específicos y exigir el reconocimiento por parte de las instituciones estatales. Esto es de particular importancia en contextos donde las personas trabajadoras en empleo informal no tienen permitido formar sindicatos ni participar en espacios de negociación colectiva.
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El diálogo social y la negociación colectiva ayudan a incluir de manera significativa a las organizaciones de personas trabajadoras en empleo informal en los procesos de formalización.
Para tratar en profundidad las realidades del empleo informal, las leyes de negociación colectiva deben reconocer el derecho de todas las personas trabajadoras a organizarse y a negociar colectivamente, independientemente de su situación en el empleo y de su lugar de trabajo, que puede ser un hogar privado o un espacio público.
Las instancias de negociación colectiva locales, regionales y nacionales deben ser diseñadas de manera tal que se incluyan a las personas trabajadoras en empleo informal y a sus organizaciones.
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Los Gobiernos locales son la parte del Estado que tiene un contacto más directo con las personas trabajadoras en empleo informal, por lo que tienen una posición ideal para facilitar procesos de formalización.
Para que las políticas nacionales sean coherentes y efectivas, deben estar articuladas con medidas locales adaptadas a la realidad cotidiana de las personas trabajadoras. Esto permitirá a los Gobiernos locales mejorar las condiciones de trabajo desde un conocimiento concreto de las necesidades y contribuciones de las personas trabajadoras e implementar servicios públicos de apoyo.
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Un marco de políticas de formalización efectivo requiere flexibilidad para responder a las condiciones particulares de cada sector.
Las políticas estrictas y la implementación punitiva generan más barreras para las personas trabajadoras que no tienen los recursos para cumplir los requisitos de formalización. Esto se ve más claro aún en el caso de las personas trabajadoras independientes cuyos ingresos diarios solo les permiten sobrevivir. También pueden facilitar la corrupción y el abuso entre las personas funcionarias que intentan implementarlas y las empresas a las que se les exige la formalización.
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Hay evidencia que demuestra que aumentar la productividad de las unidades económicas informales mediante la formalización puede potenciar el crecimiento económico, y ese crecimiento genera más trabajos formales.
Sin embargo, no todas las empresas informales tienen potencial para crecer y muchas unidades del sector informal no están en condiciones de asumir riesgos empresariales. Esto se debe a que las personas trabajadoras en empleo informal operan sin protecciones básicas, a menudo en contextos donde el desalojo, la confiscación de bienes y otras medidas excluyentes son moneda corriente. Las intervenciones de formalización deben ir más allá de un simple aumento de la productividad: deben ampliar las protecciones y los derechos de las personas para que puedan hacer frente a los obstáculos que enfrentan.
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Cuando las crisis económicas generan una pérdida de empleo en el sector formal, aumenta el número de personas que trabajan en la economía informal para sobrevivir. Pero es importante tener presente que las personas que ya trabajaban en el sector informal son más vulnerables ante las crisis que las del sector formal debido a la falta de protecciones legales y sociales.
Durante la COVID-19, las personas trabajadoras en empleo informal que perdieron su trabajo y sus medios de subsistencia fueron muchas más que las del sector formal. Por otro lado, durante la crisis económica mundial de 2008, la informalidad aumentó en algunos países, pero se redujo en otros.
El impacto negativo de las crisis y de las medidas para afrontarlas suele durar mucho tiempo y acentuar la exclusión y la desigualdad en la economía informal.
Fuente: OIT (2020), La crisis de COVID-19 y la economía informal. Respuestas inmediatas y desafíos de política
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La respuesta corta es no. La formalización no es factible para todas las unidades económicas informales ni para las personas trabajadoras involucradas, porque su tamaño de operación es demasiado pequeño y no tienen la capacidad de crecer. Además, la falta de crecimiento económico y de nuevos trabajos formales implica que cada año hay más personas dentro de la economía informal.
Sin embargo, fomentar un proceso de formalización centrado en las personas trabajadoras que mejore el acceso al reconocimiento legal y a la protección social contribuye a una transición hacia la economía formal.
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No. El concepto acordado a nivel internacional de la economía informal excluye las actividades ilegales o ilícitas.
Fuente: OIT (2023), Resolución sobre las estadísticas de la economía informal
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Tener acceso a un crédito es el primer paso clave para que cualquier actividad económica pueda crecer.
Para las personas y las unidades económicas del sector informal, la inclusión financiera significa más que la posibilidad de mejorar su capacidad de ingresos: implica también un reconocimiento de sus actividades como un trabajo que contribuye a la economía. Facilitar la inclusión financiera, junto con otras medidas, puede incentivar el compromiso con los procesos de formalización.
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El reconocimiento legal es esencial para la inclusión de las personas trabajadoras del hogar en las políticas de formalización.
La ratificación e implementación del C189 y la R201 de la OIT, así como la aprobación e implementación de leyes nacionales para estas personas, son cruciales para abordar la falta de trabajo decente en el sector.
También es fundamental, para la formalización, ampliar el alcance del derecho laboral y de la seguridad social para que haya contratos escritos, salarios mínimos, licencias pagas, cobertura sanitaria y otras protecciones básicas para las personas trabajadoras. Además, institucionalizar y fortalecer los mecanismos de diálogo social (con representación de los sindicatos de este sector, los Gobiernos y los empleadores) permitiría diseñar políticas efectivas y definir un plan de trabajo hacia la formalización.
Fuente: ILO (2016), Formalizing Domestic Work [Formalizar el trabajo del hogar]
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Es fundamental respetar los principios establecidos en la Recomendación 204 de la OIT para apoyar los esfuerzos de las personas vendedoras ambulantes hacia la formalización. Como base, los marcos legales y las leyes laborales deben reconocer a este grupo ocupacional y a las personas comerciantes de mercado como trabajadoras con derechos. Los esfuerzos de formalización también deberían garantizar el derecho de las personas vendedoras a constituirse en sindicatos de trabajadoras independientes y el derecho de sus organizaciones a participar en procesos de negociación colectiva a nivel local y nacional.
Para este sector, la formalización debe contemplar aspectos como la planificación urbana, el acceso a espacios de venta con servicios básicos, sistemas fiscales simplificados y acceso a créditos y a la protección social.
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Un paso fundamental para la formalización de las personas recicladoras es reconocerlas como trabajadoras con derechos en el marco legal. Este sector se ve muy afectado por las políticas de gestión de residuos, reciclaje y transición verde y debería participar en su desarrollo. Estas políticas deben promover el trabajo decente y garantizar que el rol de las personas recicladoras en la gestión de residuos y la economía circular esté protegido, defendiendo su derecho a una transición justa.
Otras medidas de formalización podrían incluir garantizar el derecho a acceder a material reciclable sin restricciones, el pago por sus servicios, la inclusión en los sistemas de gestión de residuos, el derecho a licitar en la contratación pública para adjudicarse contratos de gestión de residuos sólidos y el acceso a equipamiento e infraestructura.
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Las personas contratistas dependientes como las trabajadoras en domicilio necesitan marcos legales y regulatorios que reconozcan sus relaciones de trabajo con proveedores, y les den protecciones legales y sociales.
Otras medidas para apoyar a las personas trabajadoras en domicilio incluyen la regulación adecuada de la zonificación, el reconocimiento del hogar como lugar de trabajo y el acceso a la protección social y a los servicios públicos, como el cuidado infantil. Las personas del sector también necesitan contratos transparentes y protección frente a la cancelación arbitraria de encargos de trabajo y al retraso de los pagos.
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Las personas trabajadoras de plataformas tienen distintas modalidades de trabajo y una amplia variedad de tareas que realizan en distintos sectores, algunas en lugares específicos y otras de manera remota.
Uno de los desafíos es la relación laboral escondida que existe entre estas personas y las dueñas de las plataformas. Las empresas suelen justificar que la plataforma solo vincula a personas trabajadoras independientes con clientes y sostienen que no hay motivos para implementar las leyes laborales. Sin embargo, tales argumentos ocultan el grado de control que las plataformas ejercen sobre las personas trabajadoras mediante algoritmos que pueden determinar su acceso a clientes y sus tarifas.
La falta de regulaciones adecuadas dificulta el reconocimiento y la protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras en plataformas.
Nuestro trabajo en formalización
Esta página reúne conceptos clave, investigaciones, análisis de políticas y recursos de WIEGO que exploran cómo se puede diseñar la formalización para que sea inclusiva y centrada en las personas trabajadoras.
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