Aunque el contexto varía en cada país, el patrón es similar: permisos que suelen ser precarios o inaccesibles; políticas urbanas que priorizan otros usos del espacio público por encima del derecho al trabajo; y regulaciones que no garantizan estabilidad ni condiciones dignas para quienes dependen de esta actividad para vivir.
Ciudad de Guatemala, Sao Paulo, Buenos Aires, San Pedro Sula, 11 de marzo de 2026 — Organizaciones internacionales y organizaciones de personas trabajadoras del espacio público presentaron hoy los resultados de una investigación regional realizada en Argentina, Brasil, Guatemala y Honduras, que documenta un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos de quienes trabajan en mercados y en la vía pública. La investigación indica que las personas comerciantes en estos países no enfrentan simples barreras administrativas para realizar su trabajo , sino vulneraciones estructurales que incluyen falta de certeza jurídica, marcos regulatorios restrictivos, decomisos sin debido proceso, criminalización, discriminación, exclusión de la protección social y ausencia de diálogo social institucionalizado.
Fue desarrollada por la ONG Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés), con la asistencia técnica de IIRESODH, la UTEP y el consultor Daniel S. Mayor Fabre, con la participación de organizaciones miembros de StreetNet International. La presentación formal se realizó en la Ciudad de Guatemala, con la participación presencial de Tania Espinosa (WIEGO); Maira Vannuchi (StreetNet International); Luis Ernesto Albeño Salas y Roxanne Cabrera (IIRESODH); así como Jorge Peralta (FENTRAVIG) y Julio Ribas (Mercados Unidos de Guatemala). Como invitado especial, estuvo presente Javier Palummo, Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De manera presencial asistieron al evento comerciantes de Guatemala y de manera virtual se conectaron vendedores, vendedoras y asociaciones de trabajadores del espacio público de distintos países de América Latina.
Hallazgos por país: contextos distintos, patrones comunes
En Guatemala, donde más del 70 % de la población trabajadora se encuentra en la economía informal, se documentó que gran parte del comercio que se desarrolla en mercados y en el espacio público opera en una “zona gris” jurídica sin reconocimiento claro ni protección laboral. La ausencia de estabilidad, la precariedad en infraestructura y la exclusión casi total del sistema de seguridad social dejan a miles de personas en situación de vulnerabilidad permanente.
En Honduras, país con una de las mayores tasas de dependencia del sector informal en la región, el estudio identificó un marco regulatorio ambiguo que exige permisos difíciles o imposibles de obtener, pero sanciona su ausencia. Se documentaron desalojos sin alternativas claras de reubicación, así como un sistema que prioriza el control del espacio público por grupos de poder sobre la protección del derecho al trabajo.
En São Paulo, Brasil, el sistema municipal de autorizaciones temporales de 90 días institucionaliza la inestabilidad laboral. Las zonas de mayor viabilidad económica presentan restricciones o bloqueos para nuevas licencias, lo que obliga a muchas personas a trabajar sin autorización en áreas donde sí existe clientela, exponiéndose a fiscalización constante y decomisos. Esta situación se ha vuelto especialmente visible en los últimos meses tras el asesinato de Ngange Mbaye, un vendedor ambulante senegalés, quien recibió disparos de la Policía Militar durante un operativo para confiscar su mercancía en abril de 2025. El fallecimiento generó protestas y reavivó el debate público sobre las condiciones de seguridad y trabajo de quienes dependen del comercio en el espacio público.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, el uso de normativa contravencional y políticas de “ordenamiento urbano” ha derivado en decomisos y criminalización del comercio en la vía pública, generando tensiones entre proyectos de renovación urbana y la subsistencia de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. En los últimos años miles de vendedores han sido desplazados de sus lugares de trabajo, mientras encuestas recientes indican que siete en diez hogares consideran que su situación económica ha empeorado, lo que refleja las tensiones entre políticas urbanas restrictivas y estrategias de subsistencia de la economía popular.
Situaciones similares se observan en otras ciudades de América Latina, donde políticas de “limpieza” o reordenamiento del espacio público han implicado el desplazamiento de vendedores ambulantes y la desaparición de mercados tradicionales, incluso en contextos de alta vulnerabilidad económica.
“Toda la región enfrenta un mismo desafío: reconocer que el comercio en el espacio público es una forma de trabajo que sostiene a millones de personas”, señaló Tania Espinosa, del programa de Derecho de WIEGO.
“Avanzar hacia marcos regulatorios claros, que reconozcan jurídicamente este trabajo y faciliten su formalización en condiciones justas, es clave para mejorar los ingresos de las familias trabajadoras y fortalecer economías urbanas más inclusivas”.
Recomendaciones regionales
Las recomendaciones convergen en cinco ejes comunes. En primer lugar, establecer sistemas de permisos claros, accesibles y estables que garanticen certeza jurídica y eliminen la discrecionalidad administrativa. En segundo lugar, sustituir el enfoque punitivo por uno habilitante, limitando los decomisos y la criminalización como mecanismos ordinarios de regulación. Asimismo, se recomienda institucionalizar espacios permanentes de diálogo entre autoridades y organizaciones representativas; garantizar infraestructura básica adecuada en mercados y espacios públicos; y asegurar el acceso progresivo a protección social conforme a estándares internacionales.
Específicamente en Guatemala, se recomienda reconocer formalmente los mercados que operan sin estatus jurídico claro, modernizar la normativa que excluye el trabajo autónomo y establecer mecanismos efectivos de inclusión en la seguridad social. En Honduras, se insta a transparentar y simplificar los procesos de autorización, eliminar requisitos administrativos imposibles de cumplir y diseñar políticas que protejan a personas desplazadas del empleo formal hacia el comercio en el espacio público.
Mientras tanto, en Brasil, se propone reformar el sistema de permisos temporales para otorgar mayor estabilidad territorial y temporal, así como abrir acceso a zonas de viabilidad económica actualmente restringidas. Para Argentina, se recomienda revisar el marco contravencional que penaliza el comercio en la vía pública, limitar los decomisos y garantizar la participación efectiva de las personas trabajadoras en la planificación urbana.
Del control urbano al reconocimiento de derechos
Para Alberto Santana, Vice Presidente de StreetNet Internacional, el comercio en el espacio público es una realidad laboral extendida en toda la región, donde millones de personas encuentran una solución al desempleo y la falta de ingresos. “Reconocer a las personas comerciantes como trabajadoras con derechos y garantizar condiciones dignas de trabajo y acceso a la seguridad social es una obligación derivada de los compromisos de derechos humanos asumidos por los Estados”, señaló Santana.
Contacto de prensa:
Graciela Mora, Prensa WIEGO, WhatsApp (+506) 8358 5592, graciela.mora@wiego.org.
Notas para el editor:
Acerca de WIEGO: Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por su sigla en inglés) es una red mundial dedicada a promover el empoderamiento de las personas trabajadoras –particularmente de las mujeres– en situación de pobreza en la economía informal para garantizar sus medios de sustento. Creemos que todas las personas trabajadoras deben tener los mismos derechos, oportunidades económicas y protecciones, y poder expresarse en un plano de igualdad. Para promover el cambio, WIEGO contribuye con el mejoramiento de las estadísticas, la construcción de nuevos conocimientos sobre la economía informal, el fortalecimiento de redes de organizaciones de personas trabajadoras en empleo informal, así como de sus capacidades; y, junto con estas redes y organizaciones, busca influir en las políticas locales, nacionales e internacionales.
Acerca de StreetNet: StreetNet Internacional es una red global de organizaciones de personas vendedoras ambulantes y de mercados, comprometidas con representar de manera democrática los intereses de quienes trabajan en el sector y con defender sus derechos. Actualmente, está presente en más de 55 países y representa a más de 800 000 miembros en todo el mundo. Nuestra misión es fortalecer y empoderar a las organizaciones afiliadas para proteger y promover los derechos y los medios de vida de los vendedores ambulantes y de los mercados, especialmente de las mujeres. Para ello, impulsa acciones de defensa, desarrollo de capacidades, educación, gobernanza democrática, representación y solidaridad entre todas las personas trabajadoras. Visite es.streetnet.org.za
Acerca de IIRESODH: El Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) es una organización sin fines de lucro, con origen en Costa Rica y presencia en América y Europa, dedicada a la investigación, monitoreo y promoción de los derechos humanos. Su trabajo se centra en el fortalecimiento de la sociedad civil, la protección de personas defensoras, el análisis de políticas públicas y el desarrollo de estrategias de incidencia y litigio estratégico orientadas a promover la rendición de cuentas y el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos. Para más información, visite https://linktr.ee/iiresodh