En vísperas de la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4), los Estados miembro de la ONU apoyaron el histórico Compromiso de Sevilla que, como nunca antes, reafirma la financiación internacional en torno al desarrollo. Entre conflictos comerciales, una deuda en aumento, el espacio fiscal limitado, y lo que las Naciones Unidas definieron como una brecha anual de 4 billones de dólares en la financiación para las iniciativas de desarrollo sostenible, el documento reafirma el compromiso de una cooperación multilateral y de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Nos sentamos junto a Florian Juerguens-Grant de WIEGO y Max Gallien del ICTD para discutir su participación en el proceso y los alcances relevantes para lxs trabajadorxs en empleo informal.
¿Qué es la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y por qué es importante para establecer la agenda para la financiación y la cooperación en términos de desarrollo?
Max: Es un vasto proceso impulsado por la ONU que reúne a Gobiernos junto con una variedad de partes interesadas para discutir la financiación del desarrollo. Algunos temas son los impuestos y la movilización de recursos nacionales, la deuda, la movilización de la financiación privada, por lo que es una discusión que abarca bastantes aspectos.
Este año tuvo una urgencia particular, dado que estamos frente a un contexto internacional radicalmente diferente. Las políticas de EE. UU. tuvieron un impacto claro, pero también pesa la urgencia de un contexto en el que, desde lo climático hasta la deuda, muchos asuntos que fueron centrales para este proceso están en un punto crítico.
La Conferencia culminó con la aprobación del Compromiso de Sevilla, que suele traducirse de manera errónea al inglés como si fuera un “acuerdo” en vez de un “compromiso”. Se aprobó por unanimidad por parte de todos los países que seguían siendo parte del proceso; Estados Unidos intentó evitar que avanzara, pero terminó retirándose.
¿Cuál fue el proceso para lograr el texto del Compromiso de Sevilla, y cómo participaron ustedes en las negociaciones?
Florian: Soy codirector del Grupo de Trabajo sobre Financiación en la USP2030, una coalición mundial de Gobiernos, instituciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil que fomenta la protección social universal. Desde el comienzo, reconocimos la necesidad de movilizarnos para garantizar que la protección social se reconociera adecuadamente como un pilar central de desarrollo en Sevilla, y que necesitábamos compromiso y creatividad de todas las partes para comenzar a achicar las brechas sustanciales en términos de financiación y cobertura, que afectan principalmente a lxs trabajadorxs en empleo informal.
De manera colectiva, acordamos cuáles eran las principales demandas y desde nuestras redes intentamos tener voz en las negociaciones de principio a fin: desde el borrador inicial, que no hacía mención alguna a la protección social, pasando por las revisiones que la incluyeron en la introducción, pero sin un compromiso concreto, hasta el texto definitivo aprobado en Sevilla que incluía una formulación muy específica sobre la protección social. Incluye un compromiso que se puede medir para ampliar la cobertura de la protección social en al menos dos puntos porcentuales por año. Esa era una de las demandas en nuestra declaración conjunta de la mano del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.
También ayudamos a organizar eventos paralelos durante las negociaciones (hubo tres conferencias preparatorias en Nueva York) y emitimos declaraciones conjuntas con las demandas que luego enviamos a los Estados miembro.
Max: A lo largo del proceso, el ICTD (Centro Internacional de Impuestos y Desarrollo) ha buscado brindar herramientas basadas en evidencia a las delegaciones que estaban negociando el texto, en particular sobre los asuntos impositivos. Hemos hecho recomendaciones concretas sobre el texto que incluían modificar la redacción referente a la formalización y ampliar la base tributaria de manera que pudiera proteger a lxs trabajadorxs en empleo informal con bajos ingresos. Nos alegra ver que algunas de estas recomendaciones se vieron plasmadas en el documento final. Por otra parte, intentamos enmarcar de qué manera concebimos lo que llamamos “la era impositiva para el desarrollo”, y también participamos en algunas iniciativas de la Plataforma de Acción de Sevilla, principalmente en lo relativo a los gastos fiscales. Ser parte de este proceso se tradujo en un gran aprendizaje para nosotrxs también. Lo que me llevo de la experiencia es que hay una demanda real de investigación y evidencia incluso en estas instancias de diálogo de alto nivel, y que las alianzas tienen mucho poder.
¿Por qué es relevante el Compromiso de Sevilla para el movimiento de trabajadorxs en empleo informal?
Florian: Es de suma importancia el hecho de que el texto reconoce de manera explícita que las normas internacionales del trabajo tienen que sustentar los sistemas de protección social, lo que incluye los esfuerzos para conseguir financiación y para ampliar la cobertura. El hincapié en un enfoque basado en los derechos permitirá que lxs trabajadorxs puedan exigir una financiación equitativa, buenas prestaciones que respondan a sus demandas, y su inclusión en los mecanismos de diálogo social que gobiernan los sistemas de protección social.
También es significativo ver un compromiso a nivel mundial para apoyar a los países en vías de desarrollo para “garantizar una financiación previsible, suficiente, ininterrumpida y en condiciones apropiadas de la protección social y otros gastos sociales esenciales durante las perturbaciones y las crisis”. Lxs trabajadorxs en empleo informal se encuentran entre las poblaciones más vulnerables frente a las crisis originadas por el cambio climático.
Max: El Compromiso de Sevilla modificará las políticas públicas de países que tienen grandes economías informales y, por lo tanto, tendrá un impacto en lxs trabajadorxs en empleo informal, como ciudadanxs, como votantes y como usuarixs de servicios públicos. Pero el apoyo al desarrollo se desmorona y la crisis del pago de la deuda en muchos países de bajos ingresos se prolonga. Esto genera la necesidad de aumentar la recaudación, y muchos países se encuentran bajo una enorme presión para expandir y aumentar drásticamente su recaudación interna. Esto conlleva el riesgo concreto de que se lleve a cabo de manera desigual, con escasa evidencia y con objetivos poco realistas. Nos preocupa que lxs trabajadorxs en empleo informal se lleven la peor parte de estas políticas.
A raíz de esto, en nuestras contribuciones al proceso, destacamos los riesgos de un texto que sugiriera ampliar la base tributaria aumentando los aportes de las economías informales. Nos basamos en investigaciones conjuntas llevadas a cabo por el ICTD, WIEGO y la Universidad de Ghana para poner de relieve que muchxs trabajadorxs en empleo informal ya pagan distintos impuestos y tasas, y que muchos de los impuestos que hoy se aplican a las economías informales no solo son desiguales, sino también ineficientes. La recaudación de estos impuestos es costosa, y las ganancias no son altas. Entonces, si se quieren aumentar los impuestos, ese no es el sector adecuado.
Ustedes son especialistas en impuestos y en protección social. ¿Hay algún fragmento de texto en el Compromiso de Sevilla que considerarían una “victoria” para avanzar hacia la justicia fiscal o hacia la protección social universal para lxs trabajadorxs en empleo informal en particular?
Max: No sabíamos si la promesa de duplicar el apoyo a la Movilización de Recursos Nacionales (DRM) en los países en vías de desarrollo realmente se incluiría en el documento final, pero así fue. Y esto es importantísimo. Los países de bajos ingresos necesitan apoyo para aumentar estas recaudaciones basándose en evidencia, de manera estratégica, realista y en comunicación con lxs contribuyentes. Todos estos elementos son de gran importancia para lxs trabajadorxs en empleo informal.
A lo largo de todas las versiones del texto, aparecía siempre una parte que incentivaba a “ampliar la base tributaria y a proseguir los esfuerzos dirigidos a integrar el sector informal en la economía formal”. Nos alegró ver que, en la versión definitiva del documento, esta premisa también incluye hacerlo “ de manera socialmente inclusiva, en consonancia con las circunstancias de los países, así como [centrando] la atención en los ingresos y la riqueza no declarados”.
Florian: Ahora hay un compromiso a nivel mundial de apoyar a los países que todavía no han logrado implementar la protección social universal para que aumenten su cobertura en, al menos, 2 puntos porcentuales por año. Si bien no parece mucho y, sin duda, deberíamos impulsar una expansión más rápida, el progreso sostenido a lo largo del tiempo brindará una cobertura de protección social a millones de personas por primera vez en su vida. Es cierto que siempre se ha reivindicado una mayor cobertura, pero este compromiso tiene la particularidad de que es concreto y se puede medir, lo que implica que tanto los Gobiernos como los actores internacionales son responsables y se les puede pedir que rindan cuentas. También es muy importante el hecho de que se habla de “cobertura” y no de “gasto” porque aumentar la cobertura implica llegar a más personas y, en la mayoría de los países, así se abarcará a lxs trabajadorxs en empleo informal.
Respecto de la atención sanitaria, también hay una referencia a la cobertura, “nos comprometemos a materializar la cobertura universal de salud…”, que es muy significativa por el mismo motivo. A pesar de que el documento no menciona específicamente a lxs trabajadorxs en empleo informal, habla de trabajar para expandir la cobertura y por eso se verán beneficiadxs.
En el texto también se hace énfasis en la importancia de la economía social y solidaria, que resulta crucial para lxs trabajadorxs en empleo informal:
“Alentamos a que se brinde apoyo a las entidades de la economía social y solidaria, entre otros a través del acceso a ayudas financieras y no financieras adaptadas provenientes de instituciones financieras locales, nacionales e internacionales”.
¿Qué es lo más preocupante del Compromiso de Sevilla desde la perspectiva de la protección social y la justicia fiscal?
Max: La preocupación más frecuente ha sido que el Compromiso de Sevilla no resultó muy ambicioso, y creo que ese punto tiene sentido en lo que respecta a la deuda. Sin embargo, así suelen ser este tipo de documentos. Ahora lo importante será prestar atención a los próximos pasos y ver qué hacen los países respecto a este compromiso.
¿Cuáles son los próximos pasos ahora que el documento se aprobó?
Max: Ahora hay que prestar atención a la Plataforma de Acción de Sevilla (SPA) (las distintas maneras de implementar el compromiso) y hay que ver qué países lo concretan. Allí participamos en particular de una coalición que lucha por implementar reformas en los gastos fiscales formulando políticas públicas basadas en evidencia. Si pensamos en ganancias rápidas para los países de bajos ingresos, la reforma de los gastos fiscales es una de las estrategias más efectivas, eficientes y equitativas que habría que priorizar.
También estaremos mirando de cerca otros procesos de las Naciones Unidas que se dieron en paralelo al proceso de la FFD4, como las negociaciones sobre el convenio sobre impuestos de la ONU o discusiones similares sobre la deuda.
Florian: Como parte de la USP2030, participamos en dos iniciativas de la SPA que buscan conectar el trabajo de incidencia y los recursos a nivel mundial con los debates a nivel nacional sobre cómo ampliar la cobertura de la protección social. Juntxs evaluaremos si los Gobiernos responden al compromiso que asumieron respecto a la cobertura, si comparten recursos e implementan iniciativas para desarrollar capacidad que ayuden a otros países a conseguir el financiamiento que necesitan.
Desde WIEGO, trabajaremos para garantizar que las organizaciones de trabajadorxs en empleo informal estén incluidxs en estos procesos y juntxs analizaremos otras formas de aprovechar los compromisos asumidos en Sevilla para potenciar el actual trabajo de incidencia por mejores servicios y protecciones sociales. Los Gobiernos han asumido compromisos claros para incentivar la protección social, y tenemos que hacer que se responsabilicen.