En este Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, nos alzamos colectivamente como movimiento mundial de personas trabajadoras de la economía informal con un mensaje claro: súmense a nuestra lucha por defender la democracia, la justicia, los derechos y la liberación de todas las personas trabajadoras y de las comunidades.
Frente a la escalada del conflicto y el autoritarismo, nuestro llamado a la unidad y la solidaridad de las personas trabajadoras es más urgente que nunca.
El militarismo, la guerra y el autoritarismo amenazan los derechos y protecciones de las personas trabajadoras
El aumento de la inseguridad mundial, alimentada por conflictos en Ucrania, la República Democrática del Congo y la escalada bélica en Medio Oriente, ha provocado una pérdida devastadora de vidas civiles, desplazamientos masivos y daños a infraestructuras críticas como escuelas y hospitales. Las personas trabajadoras migrantes —incluidas las trabajadoras del hogar— se encuentran entre las más afectadas por el conflicto militar en Medio Oriente. A ellas se suman miles de personas trabajadoras en distintos países, desplazadas y afectadas por el cierre de fronteras y bloqueos comerciales. Muchas enfrentan la pérdida de sus empleos, salarios impagos y barreras para ser evacuadas, todo esto mientras continúan prestando servicios esenciales.
El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado interrupciones en las cadenas de suministro de petróleo, gas y fertilizantes, lo que ha derivado en aumentos de precios y escasez de combustible. Especialistas en la materia ya pronostican un impacto económico similar al de la COVID-19. Ya hay testimonios de personas recicladoras en India que no pueden costear alimentos, personas vendedoras ambulantes en Indonesia que ven cómo se duplica el precio de los envases que utilizan y personas trabajadoras en domicilio en Bangladesh y Pakistán que denuncian cortes de energía y falta de combustible. Además, las considerables interrupciones en las cadenas de suministro reducen la demanda, lo que se traduce en menos oportunidades de trabajo y una consecuente disminución de ingresos por salarios impagos. Al igual que ocurrió durante la pandemia, es probable que las personas trabajadoras en empleo informal carguen con los peores efectos de la crisis energética, ya que muchas dependen de un ingreso diario y no cuentan con protección social. Sin apoyo inmediato, como transferencias de efectivo, el impacto socioeconómico podría sentirse durante meses, o incluso años.
Al mismo tiempo, gobiernos neoliberales regresivos están desmantelando las protecciones laborales conquistadas con gran esfuerzo en Argentina, en India y en la Unión Europea. El patrón es claro: en países con regulaciones laborales más consolidadas, los gobiernos las están revirtiendo, lo que conducirá inevitablemente a más informalidad y más precariedad laboral. En países donde la informalidad está generalizada, los gobiernos han tomado medidas muy limitadas para revertir la exclusión sistémica, la falta de consultas y la falta de reconocimiento. En otros casos, reprimen y criminalizan activamente los medios de subsistencia, especialmente los de las personas vendedoras ambulantes que trabajan en el espacio público. Todo esto ocurre en un momento en que aumenta la desigualdad, los servicios públicos están cada vez más desfinanciados y las personas trabajadoras se encuentran entre las más afectadas por la crisis climática. Quienes alguna vez tuvieron derechos y quienes nunca los han tenido se encuentran hoy en la misma situación.
La voz trabajadora como contrapeso al poder de las élites depredadoras
Somos trabajadoras y trabajadores esenciales, sostenemos economías y comunidades y protegemos el medioambiente. Nuestras redes, junto con organizaciones locales y territoriales, aspiran a ser escuelas de democracia lideradas por la clase trabajadora. A través de la práctica colectiva y el intercambio horizontal, construimos y defendemos liderazgos transparentes que rindan cuentas, tomamos decisiones democráticamente y nos organizamos para desafiar al poder e impulsar cambios en las políticas públicas. Hacemos realidad la circularidad y la transición justa al transformar materiales desechados en recursos valiosos y al prevenir daños ambientales.
Junto con el movimiento sindical organizado y las organizaciones de la sociedad civil, nuestras organizaciones democráticas constituyen el antídoto más fuerte contra la erosión de los derechos laborales y en favor de la protección de los principios democráticos. Nuestra esperanza reside en nuestro poder colectivo para garantizar que la voz del pueblo genere un contrapeso a los grandes intereses gubernamentales y empresariales. Respetar el derecho de las personas a un medio de subsistencia y a participar libremente en la vida pública es el reflejo de una cultura democrática que valora la inclusión y el trabajo decente.
Nuestra visión para un futuro justo, inclusivo y democrático
Todas las personas trabajadoras tienen derecho a trabajar en condiciones seguras, saludables y decentes. A partir de las demandas compartidas de HomeNet Internacional, la Alianza Internacional de Recicladoras y Recicladores, la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, StreetNet Internacional y WIEGO, exigimos que se nos reconozca como trabajadoras y trabajadores con un lugar en la mesa:
- Reconocimiento y derechos: Toda persona que trabaje —tenga o no un empleador— debe ser reconocida como trabajadora con derecho a las protecciones y derechos laborales básicos.Los gobiernos deben implementar marcos legales que garanticen los derechos laborales de todas las personas trabajadoras en empleo informal, incluidas las cuentapropistas (como las personas trabajadoras en domicilio, vendedoras ambulantes y comerciantes de mercado). La Recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal establece los pasos que los gobiernos pueden dar para prevenir la informalización del empleo formal y apoyar procesos de formalización basados en derechos. Las demandas específicas por sector incluyen la ratificación e implementación de los Convenios 189 (sobre trabajo doméstico) y 177 (sobre trabajo a domicilio) de la OIT; proteger y reconocer el derecho de las personas recicladoras a una transición justa en las políticas e inversiones de la economía circular a nivel local y nacional; y aprobar regulaciones municipales que les permitan a las personas vendedoras acceder y usar el espacio público para su sustento.
- Protección social para todas las personas: El acceso a la protección social y a la salud es un derecho, independientemente de las condiciones de empleo, del lugar de trabajo o del estatus migratorio. Alcanzar la protección social universal requiere un financiamiento sustancial. En el contexto económico actual, en el que los ingresos de las personas trabajadoras están estancados o en retroceso, es fundamental fortalecer no solo el rol del Estado, sino también el rol del capital en el financiamiento de la protección social. Las personas trabajadoras no deberían cargar en sus espaldas el costo total de la protección social. Para hacer frente a la crisis del combustible, las medidas de alivio gubernamentales, como las transferencias de efectivo, son esenciales para ayudar a las personas trabajadoras a cubrir sus necesidades básicas.
- Inclusión en la negociación colectiva y el diálogo social: Las normas fundamentales del trabajo de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (Convenio 87) y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (Convenio 98) se aplican a todas las personas trabajadoras, independientemente de que exista o no una relación de empleo. Exigimos un "lugar en la mesa" y que se nos incluya en las estructuras tripartitas y en todos los espacios donde se definen las políticas que afectan nuestras vidas.
- Una transición ecológica justa: Cualquier transición hacia una economía más verde debe ser justa e inclusiva, sin dejar atrás a nadie. La transición de las personas trabajadoras en empleo informal hacia sistemas laborales formales debe ser reconocida como una vía fundamental hacia la sostenibilidad, ya que permite mejorar los medios de subsistencia, fortalecer los derechos laborales y generar un impacto ambiental positivo. Los 34 millones de personas recicladoras que sostienen las economías circulares deben ser el núcleo de las políticas de transición justa.
Este Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, reconocemos la fuerza de la organización colectiva y la solidaridad global para enfrentar el autoritarismo y el deterioro de los derechos laborales. A través de nuestras redes, estamos construyendo poder más allá de las fronteras, impulsando los derechos de las personas trabajadoras y respondiendo colectivamente a las crisis. El camino hacia la justicia social es claro: organizarse, unirse y transformar los sistemas en solidaridad.