Este mes, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un cuestionario en línea para comprender la relación entre la reducción de la emisiones de metano en el sector del reciclaje y la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas recicladoras.
El informe de la CIDH destaca el papel fundamental de las personas recicladoras en la reducción de las emisiones
El Relator Especial de REDESCA es un experto independiente que tiene la responsabilidad de evaluar determinados derechos humanos en América Latina y el Caribe. Esta consulta forma parte de un proceso para desarrollar un informe temático sobre la transición a sistemas sustentables de gestión de residuos. El informe ofrecerá importantes lineamientos para el desarrollo de políticas públicas inclusivas que protejan los derechos de las personas recicladoras en los procesos que se lleven a cabo para integrarlas a los sistemas de reciclaje, así como a programas de economía circular y Responsabilidad Extendida del Productor.
Cuando se anunció esta consulta, el Relator Especial remarcó “...el papel crucial de las personas recicladoras quienes, al desviar residuos de vertederos a cielo abierto, evitan la generación de metano en aguas estancadas y condiciones anaeróbicas causadas por residuos no recolectados, contribuyendo significativamente a la mitigación de las emisiones provenientes de sistemas de gestión de residuos deficientes o inexistentes”.
Un nuevo informe temático refleja otro hito en el compromiso de WIEGO con la CIDH
Desde 2017, WIEGO ha estado trabajando junto a la RedLACRE para documentar las condiciones de trabajo de las personas recicladoras como violación a los derechos humanos y hacer un trabajo de incidencia para que se protejan más los derechos de las personas trabajadoras en empleo informal. Como resultado, la REDESCA se acercó a algunas personas recicladoras en Perú, México, Costa Rica, Panamá, Argentina y Uruguay, e instó en sus informes anuales a que se protegiera su derecho a trabajar y organizarse. Recientemente, organizó una sesión temática de la CIDH, donde le solicitó al Gobierno de Argentina que rindiera cuentas por la grave situación que enfrentan las personas trabajadoras en situación de pobreza debido al desmantelamiento de las políticas sociales.
Los informes temáticos de la CIDH refuerzan los derechos humanos porque brindan un análisis profundo y recomendaciones oficiales sobre las normativas y los principios de los derechos humanos, y sobre las buenas prácticas al respecto. Esto convierte al organismo en una importante herramienta para que las organizaciones de personas trabajadoras en todo el continente demanden reformas que garanticen el derecho a trabajar y los derechos en el trabajo. Para las personas recicladoras, esto implica proteger su papel fundamental en los sistemas de gestión de residuos sólidos.
“Esta es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos articulará normativas regionales sobre los derechos humanos que orienten al Estado sobre cómo abordar la situación de las personas recicladoras”, sostiene Tania Espinosa Sánchez, coordinadora del Programa de Derecho de WIEGO en América Latina.
“Este informe tiene que llevarse a cabo desde una perspectiva técnica sobre la gestión de residuos, pero también, indudablemente, desde la experiencia de las personas recicladoras en su trabajo cotidiano. Es inviable que mejore la gestión de residuos y la mitigación del cambio climático si no mejoran las condiciones de trabajo en el sector, lo que permitiría potenciar el impacto positivo que ya genera el trabajo de las personas recicladoras”.
Las personas recicladoras y sus aliados pueden compartir su perspectiva hasta fines de julio
Las organizaciones de personas recicladoras, de la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos, las instituciones académicas y las personas expertas independientes están invitadas a compartir su opinión hasta el 15 de julio de 2025.
El 24 de julio de 2025, la CIDH llevará a cabo una audiencia pública virtual donde reunirá a organizaciones de personas recicladoras, personas expertas en cambio climático y representantes de los Gobiernos para formular recomendaciones que se incluirán en el informe. Se podrá seguir la audiencia a través de Zoom, la inscripción está disponible en el sitio web de la CIDH.