No hacer daño: Por qué el acoso a las personas trabajadoras en empleo informal perjudica la salud pública y la recuperación económica

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Operation against street vendors in Lima. Photo: César Takeuchi
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Jenna Harvey, with Focal Cities team

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Bajo la sombra de la pandemia de COVID-19, en la Ciudad de México, casi seis meses de restricciones, la demanda que tocó fondo y la falta de medidas de alivio hundieron a las personas vendedoras ambulantes en triciclos en una crisis económica aguda. En este contexto, la autoridad de la ciudad decidió priorizar la confiscación del principal medio de subsistencia de estas trabajadoras y trabajadores. El 16 de agosto, un funcionario de la alcaldía Miguel Hidalgo (donde se encuentran colonias adineradas, como Polanco), compartió una foto de 140 triciclos confiscados y amontonados descuidadamente en un almacén del gobierno, la mayoría de los cuales todavía contenían canastos de pan, refrigeradores de bebidas y otros artículos de las personas vendedoras. Anunció que se habían incautado los triciclos de aquellas vendedoras y vendedores que no contaban con permisos de venta, para evitar el “riesgo sanitario” y como medida de “protección civil”. Agregó que los triciclos pronto serían destruidos.

confiscated tricycles Mexico City
La foto de los triciclos confiscados que compartió Hegel Cortés Miranda, funcionario de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Anunció en Twitter: “Durante el recorrido por el almacén de Vía Pública de @AlcaldiaMHmx, se realizó el registro de 140 triciclos resguardados que se han retirado en #Polanco y #Granadas, posteriormente se procede a su destrucción”.

Casi al mismo tiempo, a un océano de distancia en Accra, Ghana, las recicladoras y recicladores del relleno sanitario de Kpone observaban cómo las máquinas excavadoras enviadas por el gobierno destruían metódicamente su antiguo lugar de trabajo. Los espacios comunales donde se habían organizado y educado durante años, y donde realizaron sus primeras elecciones como asociación, desaparecieron en un instante. La demolición es parte de un proyecto más grande de desmantelamiento del relleno sanitario de Kpone, que desplazará permanentemente a cientos de recicladoras y recicladores que se ganan la vida extrayendo material reciclable del vertedero y vendiéndolo a compradores; un servicio ambiental esencial pero subvalorado.

Kpone Landfill Association in Accra, Ghana
Johnson Doe, líder de recicladoras y recicladores, se reúne con miembros de la Asociación del Relleno Sanitario de Kpone para diseñar estrategias de respuesta al desmantelamiento de dicho relleno sanitario por parte del gobierno sin la debida consulta. Se encuentran en un sitio de reuniones provisorio construido después de la destrucción de su antiguo espacio comunitario. Foto: Karim Saagbul

Los gobiernos infringen la ley con desplazamientos y expropiaciones

Durante la pandemia, muchos gobiernos han justificado la violencia contra las personas trabajadoras en empleo informal como un recurso necesario para hacer cumplir las medidas de salud pública y evitar la propagación del virus. Estos argumentos forman parte de una narrativa histórica que usa la salud pública y el saneamiento como pretexto para desplazar y reprimir a quienes se encuentran en situación de pobreza. Este relato va de la mano con falsas suposiciones de que las personas trabajadoras en empleo informal trabajan “por fuera de la ley” y que, en lugar de agregar valor a la economía y a la sociedad, se lo quitan.

Los casos de la Ciudad de México y Accra muestran que en realidad ocurre exactamente lo contrario. Al confiscar los únicos medios de subsistencia de las personas vendedoras y desplazarlas de sus lugares de trabajo establecidos, el Estado, de hecho, lleva a cabo una forma de robo. La incautación de los triciclos de las personas vendedoras representa una violación directa del Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal (artículo 54), que establece que las alcaldías no pueden privar a las personas vendedoras en triciclos y a otras trabajadoras no asalariadas (la categoría legal que incluye a vendedoras en triciclos y a otras trabajadoras en el espacio público) de sus instrumentos de trabajo. Esta acción también entra en conflicto con el principio del derecho a la ciudad, establecido en la Constitución de la Ciudad de México.

En Accra, la decisión del gobierno de desmantelar el relleno sanitario de Kpone puede representar una violación de la ley de Ghana. Un adecuado proceso para el cierre del relleno sanitario habría incluido, como primer paso, una evaluación integral del impacto en los medios de subsistencia, incluyendo el diálogo con las recicladoras y recicladores sobre un plan para la restauración de estos últimos, y medidas de transición para evitar los daños provocados por el cierre.

Las trabajadoras y trabajadores en empleo informal piden a los gobiernos que dejen de provocar daños y que comiencen el diálogo

mobile vendors Mexico City
Después de la confiscación, las vendedoras y vendedores móviles y sus aliados se reunieron para defender el derecho a trabajar en el espacio público. Foto: El Universal (captura de pantalla del video)

A medida que aumentaba la presión pública y los defensores se movilizaban para presentar una denuncia penal por robo contra la alcaldía de Miguel Hidalgo, ésta cambió de rumbo: se comprometió a devolver los triciclos a sus legítimos dueños y dueñas, en lugar de enviarlos a ser destruidos o donarlos en su totalidad. Sin embargo, las personas trabajadoras no asalariadas en empleo informal en la Ciudad de México no se conforman con la revocación de cualquier confiscación: quieren reglamentaciones adecuadas que promuevan y protejan sus medios de subsistencia, que se diseñen tomando en cuenta sus aportaciones y que puedan ser respetadas tanto por las personas trabajadoras como por las autoridades.

El año pasado, un grupo de personas trabajadoras no asalariadas, apoyadas por WIEGO, presentaron de manera proactiva dicha propuesta, anticipándose a la revisión de la reglamentación sobre el trabajo no asalariado que el gobierno debe realizar de acuerdo con la Constitución de la ciudad. El Congreso de la Ciudad todavía no ha tomado ninguna medida para revisar la reglamentación o para establecer un diálogo con la totalidad de las ocupaciones de personas trabajadoras no asalariadas al respecto.

bulldozers at Kpone Landfill in Accra, Ghana
Máquinas excavadoras en el relleno sanitario de Kpone, al que las personas recicladoras actualmente tienen prohibido acceder. Foto: Karim Saagbul

En el relleno sanitario de Kpone, las personas recicladoras no niegan que el sitio representa un riesgo ambiental y sanitario, sino que desde hace años han estado pidiendo protecciones de salud y seguridad ocupacional. Es por eso que la Asociación de recicladores del relleno sanitario de Kpone está evaluando proactivamente alternativas de subsistencia y está lista para negociar con el gobierno un plan para la restauración de los medios de subsistencia y medidas de transición para dejar de utilizar el relleno sanitario, y ya está preparando una propuesta. Sin embargo, en lugar de invitar a líderes de personas trabajadoras calificadas a debatir las oportunidades de prevención de daños y de beneficio mutuo, el gobierno prosigue con su desplazamiento.

Tal como muestran estos casos, las personas trabajadoras en empleo informal no están trabajando de forma ilegal ni evadiendo las reglamentaciones, ni están en contra de las negociaciones formales: de hecho, las agradecerían. En efecto, ya han estado preparando propuestas para cuando sus gobiernos estén listos para salir de las sombras y sentarse a negociar.

Cómo aprovechar el potencial de la economía informal para promover la salud pública y la recuperación económica

Cuando los países declararon el confinamiento en las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, la economía informal recibió una cantidad de atención sin precedentes, y tanto los gobiernos, como el sector académico, periodístico y otros se preguntaron: “¿Qué se debería hacer?” El dilema de qué hacer para proteger a quienes generalmente carecen de protección legal y social, de ahorros y que no pueden trabajar desde sus hogares ha generado un amplio debate y ha puesto al descubierto desigualdades estructurales de larga data. Sin embargo, tal como han señalado las redes de personas trabajadoras en empleo informal en todas las regiones, la respuesta a qué se debe hacer debe comenzar con el compromiso de no hacer daño: simplemente detener el acoso, las confiscaciones, la violencia y los desplazamientos avalados por el Estado que históricamente han erosionado los ingresos y la seguridad de estas personas trabajadoras, y que durante la crisis pueden representar una cuestión de vida o muerte.

Queda claro que no hay fundamentos para afirmar que las trabajadoras y trabajadores en empleo informal trabajen de forma ilegal o que generan riesgos para la salud pública. Todo lo contrario: con la protección y el apoyo adecuados, estas trabajadoras tienen un enorme potencial para promover la salud pública y la recuperación económica durante la crisis de COVID-19 y en el futuro.

Las vendedoras y vendedores ambulantes de la Ciudad de México están brindándoles alimentos accesibles, al aire libre, a las poblaciones con inseguridad alimentaria. Las recicladoras y recicladores de Accra brindan servicios de reciclaje en un momento en que las cadenas de valor de reciclaje se ven fuertemente afectadas. Estos son servicios esenciales que podrían mejorarse mediante su inclusión en los sistemas existentes de alimentos y residuos en condiciones favorables, mediante un acceso seguro al espacio público, la provisión de protecciones adecuadas para el lugar de trabajo y contratos formales para la recolección de residuos, entre otros. La crisis brinda la oportunidad de reinventar estos sistemas y de hacerlos más equitativos.

Entonces, “sentarse a la mesa de negociaciones” para analizar las propuestas de las personas trabajadoras en empleo informal no es solo una cuestión de justicia, sino también una oportunidad para que los gobiernos y dichas trabajadoras encuentren soluciones de beneficio mutuo en el momento que más escasean.

Foto principal: César Takeuchi

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