La pandemia de la COVID-19 marcó un punto de inflexión en la manera en la que los Gobiernos brindan prestaciones públicas. A medida que el distanciamiento social se volvía una necesidad, las herramientas digitales emergieron como un mecanismo clave para las prestaciones públicas, en particular para las ayudas de emergencia. Ahora, muchos años después del pico de la pandemia, la infraestructura digital pública ha consolidado su lugar. Se ha extendido más allá de las medidas de ayuda a otros ámbitos que afectan a la economía informal, como la protección social, la tributación y el apoyo a empresas. Muchas de las áreas de políticas que están siendo digitalizadas son parte de la agenda más amplia de formalización de la economía informal.
Si bien la digitalización puede traer beneficios como la eficiencia, la conveniencia y un acceso potencialmente más amplio, también presenta desafíos y riesgos significativos para lxs trabajadorxs en empleo informal. Estos riesgos deben ser abordados para garantizar que la digitalización — y la agenda de la formalización, cada vez más atada a lo digital — mejore la equidad y la inclusión en lugar de exacerbar las disparidades existentes.
Los beneficios y los riesgos para lxs trabajadorxs en empleo informal
Las herramientas digitales tienen el potencial de transformar la infraestructura al eliminar las ineficiencias que representan una carga desproporcionada para lxs trabajadorxs en empleo informal. Por ejemplo, la habilidad de evitar largas filas para solicitar un permiso comercial o para acceder a beneficios de protección social puede traducirse directamente en ahorros financieros para lxs trabajadorxs cuyos medios de sustento dependen de sus ganancias diarias. Sin embargo, estos beneficios también pueden tener sus lados negativos.
Un informe investigativo reciente titulado La digitalización de la protección social en África: la perspectiva de lxs trabajadorxs marginalizadxs, señala que no todxs lxs trabajadorxs tienen acceso equitativo a las herramientas digitales y que los mismos sistemas diseñados para agilizar los procesos pueden excluir inadvertidamente a quienes más necesitan ayuda. En muchas áreas rurales, la mala conectividad hace que las herramientas digitales sean inaccesibles. Incluso en contextos urbanos, la disponibilidad de datos y teléfonos inteligentes aún es una problemática persistente. Otro obstáculo significativo es la falta de alfabetización digital entre muchxs trabajadorxs en empleo informal. Aunque los programas de capacitación y el apoyo intermediario de las organizaciones de trabajadorxs pueden ayudar a mitigar este problema, las mismas organizaciones de trabajadorxs necesitan de un mayor apoyo para enfrentar este desafío. Además, los sistemas digitales con frecuencia dependen de algoritmos para tomar decisiones, que pueden carecer de transparencia y rendición de cuentas. Esto es particularmente problemático cuando los algoritmos son gestionados por entidades privadas. Lxs trabajadorxs pueden verse excluidxs de los servicios o ser incapaces de exigir rectificación debido a la naturaleza opaca de los sistemas automatizados.
Más allá de la protección social, el auge del dinero digital ha traído consigo nuevas formas de tributación para lxs trabajadorxs y los comercios de la economía informal. La tasa por transferencia electrónica de Ghana (E-levy), implementada en 2022, fue un intento explícito para gravar la economía informal. Una investigación de WIEGO y el Centro Internacional para los Impuestos y el Desarrollo (ICTD) mostró que dicha tasa era regresiva, aunque la implementación de un piso debajo del cual no se cobraban impuestos sí funcionó para proteger a lxs trabajadorxs más pobres del impuesto. No obstante, la tasa ha recibido una amplia desaprobación por parte de lxs trabajadorxs en empleo informal, quienes expresaron preocupaciones sobre la equidad y su frustración con el desempeño del Gobierno.
Los desafíos de la digitalización van más allá de los impactos más claramente visibles sobre lxs trabajadorxs y se extienden hasta los cambios estructurales que genera en la prestación de servicios públicos. En Mozambique, por ejemplo, Ruth Castel-Branco sostiene que la digitalización de la protección social ha sido utilizada como mecanismo para potenciar la privatización en los programas públicos, impulsada por las instituciones financieras internacionales. Sin embargo, administrar tales programas en países de bajos ingresos como Mozambique a veces no es redituable para las empresas privadas, Como resultado, se presiona a los Gobiernos para “minimizar los riesgos” de la participación del sector privado mediante la prestación de un apoyo estatal significativo. A pesar de este apoyo, es posible que el sector privado no vea mayores beneficios y que los Gobiernos tengan que volver a intervenir en la prestación de servicios. Este ciclo debilita la calidad de los servicios, lo que obliga a lxs contribuyentes a asumir la carga financiera mientras reciben servicios mediocres.
Fortalecer el poder de lxs trabajadorxs para influir en la digitalización de los programas de formalización
El desafío para el movimiento de trabajadorxs — más allá de la brecha formal/informal — es garantizar que los sistemas y los programas públicos digitalizados sean justos, accesibles y efectivos. La eficiencia no debería lograrse a expensas de la exclusión, la explotación y la profundización de la desigualdad. Gran parte del desafío es que las voces de lxs trabajadorxs no están presentes cuando se diseñan y se implementan estos sistemas. Los programas digitales, incluidos los beneficios y los servicios sociales accedidos mediante plataformas digitales, con frecuencia reflejan las prioridades de aquellas personas que las diseñan y las financian.
Fortalecer el poder de lxs trabajadorxs para influir en los sistemas que se están digitalizando puede contribuir al desarrollo de sistemas más justos. Esto promueve la solidaridad y la acción colectiva y brinda un contrapeso a los intereses de los Gobiernos y las corporaciones. Una coalición sólida de organizaciones de trabajadorxs puede impulsar políticas que tengan en cuenta diversas condiciones laborales, niveles de ingresos y situación de empleo, haciendo que los sistemas sean más equitativos.
La clave para construir este poder son las coaliciones entre distintos movimientos y distintas disciplinas — enfrentar los riesgos de la digitalización requiere un enfoque colaborativo y multidisciplinar. El movimiento de los derechos digitales, por ejemplo, ofrece conocimiento técnico que es crucial para comprender temáticas como el sesgo algorítmico. Como muestra el ejemplo de Mozambique, lxs expertxs de las políticas públicas pueden jugar un papel crítico a la hora de descubrir las fuerzas políticas y económicas subyacentes que configuran las reformas digitales. Al exponer las implicancias de la privatización y la financiarización, ayudan a garantizar que la prestación pública digital le sirva al bien público general. Lxs abogadxs especializadxs en temáticas de derechos digitales pueden ayudar a lxs trabajadorxs a garantizar que los derechos críticos a la privacidad y el acceso se respeten.
Finalmente, el desafío para lxs trabajadorxs y sus aliadxs es moverse más allá de la crítica y desarrollar y defender alternativas realistas a los sistemas existentes.