Argentina enfrenta una crisis económica grave. La inflación se dispara, la pobreza crece y las políticas del gobierno desmantelan protecciones sociales claves, lo que deja a millones de trabajadorxs en empleo informal desoladxs.
Un aspecto particularmente perjudicial de estos recortes es la destrucción del Monotributo Social, una práctica exitosa reconocida a nivel internacional que formaliza el empleo y brinda protección social a lxs trabajadorxs más pobres en empleo informal.
Una crisis en aumento que golpea más fuerte a lxs más pobres
Desde que asumió, el presidente Javier Miler ha implementado medidas económicas drásticas, entre ellas la devaluación del peso argentino, que llevó a una inflación de más del 300 % en 2024. Las tarifas del gas se duplicaron y los costos de los alimentos subieron un 50%.
Los salarios y las pensiones no llegan a equiparar estos aumentos, lo que causa una caída en el poder adquisitivo. El salario mínimo se depreció casi un 30 % entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. Lxs trabajadorxs en empleo informal fueron lxs más golpeadxs. Ajustados debido a la inflación, sus ingresos cayeron un 22 % en el primer trimestre de 2024 en comparación con la reducción del 14 % para lxs trabajadorxs en empleo formal. Las mujeres, quienes están sobrerrepresentadas en trabajos mal pagados y en empleos informales – donde la brecha salarial de género es mucho mayor – estuvieron particularmente expuestas.
Los índices de pobreza se dispararon. En septiembre de 2024, más de la mitad de lxs argentinxs vivía en la pobreza, según las estadísticas del INDEC, el organismo de estadísticas de Argentina – un aumento en comparación con el poco más del 40 % en la segunda mitad del 2023.
Mientras la economía ha comenzado a recuperarse con una inflación a la baja y un aumento de los salarios, muchas personas fueron empujadas a la pobreza debido a la crisis económica y los recortes a los programas sociales. Sin los programas sociales y laborales apropiados, lxs más pobres quedarán abandonadxs.
Desmantelamiento de la protección social y las políticas laborales inclusivas
Antes del gobierno de Milei, las políticas sociales y laborales reconocían el trabajo esencial realizado por lxs trabajadorxs en empleo informal, en especial en los sectores sociales, ecológicos y de cuidado, garantizando que estas contribuciones fueran valoradas y apoyadas. Sin embargo, el actual gobierno no solo ha recortado los programas de protección social sino que también ha desmantelado las políticas laborales inclusivas que sostenían la importancia del trabajo social, ecológico y de cuidado en la economía informal.
El desmantelamiento del régimen del Monotributo Social – un sistema diseñado para ayudar a lxs trabajadorxs en empleo informal a transicionar hacia la economía formal a la vez que les brindaba cobertura sanitaria y acceso a una jubilación – ha dejado a cientos de personas sin protección.
Antes, el gobierno subsidiaba el régmien impositivo del Monotributo Social en su totalidad. Pero en octubre de 2024, el gobierno comenzó a exigirle a lxs trabajadorxs informales pobres que paguen de su bolsillo el 50% de sus contribuciones de seguridad social. En cuestión de semanas, 406 000 trabajadorxs se dieron de baja del sistema, y perdieron el acceso a beneficios de protección social cruciales, entre ellos la cobertura de salud y la jubilación, a la vez que veían cómo se bloqueaba su camino hacia la formalidad.
El gobierno también disolvió el programa Potenciar Trabajo, que brindaba ayudas directas a los ingresos y subvenciones a cooperativas de trabajo y organizaciones comunitarias. Este programa no solo complementaba los ingresos de lxs trabajadorxs en empleo informal sino que también reforzaba la realidad de que su trabajo contribuye de manera significativa a la sociedad.
Se introdujeron dos programas nuevos, Programa Acompañamiento Social (PAS) y Volver al Trabajo (VAT) como reemplazos. Sin embargo, el PAS ofrece asistencia económica mínima, mientras que el VAT no ha hecho mucho para conectar a lxs trabajadorxs con empleos estables. Según informes oficiales, solo 152 personas han transicionado con éxito a empleos formales mediante el VAT, a pesar de que más de un millón de personas fueron transferidas al programa.
La eliminación de los beneficios adicionales, como Nexo y Plus Sociocomunitario, ha perjudicado incluso más a lxs trabajadorxs en empleo informal. Estos programas brindaban apoyo económico a quienes participaban de trabajo social y comunitario, incluidos los servicios de cuidado, distribución de alimentos y recolección de residuos. Al recortar estos programas, el gobierno ha ignorado las contribuciones invaluables que brindan lxs trabajadorxs en empleo informal al bienestar social y a la sostenibilidad del ambiente.
Un gobierno que se niega a escuchar
A pesar de estos cambios devastadores, el gobierno se negó a mantener diálogos con las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los grupos comunitarios. Se han ignorado repetidos intentos de la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP) y WIEGO para reunirse con funcionarixs del Ministerio de Capital Humano. En la actualidad, no existen mecanismos para llevar a cabo discusiones entre el Estado y las organizaciones de trabajadorxs, lo que deja a las comunidades afectadas sin voz en la formulación de políticas.
Apelación a organismos regionales de derechos humanos
Las organizaciones de trabajadorxs han recurrido a los mecanismos regionales de derechos humanos por ayuda. El 14 de noviembre de 2024, la UTEP, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y WIEGO tuvieron una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que resaltó cómo el retroceso de la protección social violaba los derechos de la población ocupada en empleo informal de Argentina.
Durante la audiencia, le demandaron en conjunto a la CIDH que le exija al gobierno de Argentina a tomar acciones inmediatas para mitigar el sufrimiento de lxs trabajadorxs en empleo informal. Le demandaron al gobierno:
- Reinstalar y expandir los programas de protección social para lxs trabajadorxs en empleo informal con el fin de reconocer sus contribuciones, apoyar la formalización y permitir el acceso a la seguridad social y a los beneficios de cobertura de salud. El gobierno argentino debería reisntalar de inmediato el Monotributo Social para lxs trabajadorxs de bajos ingresos y los programas Potenciar Trabajo, Nexo, Plus Sociocomunitario y Argentina Recicla.
- Cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos que prohíben cualquier "regresión" deliberada en seguridad social. Deben cumplirse los compromisos de Argentina, en especial bajo el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como también las normas internacionales de trabajo de la OIT. Estos instrumentos exigen que el Estado garantice de manera progresiva el derecho a la seguridad social y a la cobertura de salud para todxs. El desmantelamiento injustificado de los derechos de protección social establecidos va en contra de esta obligación.
- Cumplir las sentencias judiciales que ordenan la distribución de alimentos a lxs necesitadxs.
- Fortalecer los mecanismos para el diálogo social. Se deben crear canales institucionalizados para la consulta con organizaciones de trabajadorxs para garantizar que lxs trabajadorxs en empleo informal tengan voz en el desarrollo, implementación y evaluación de las políticas laborales y sociales.
Un llamado colectivo a la acción urgente
La crisis de Argentina es una emergencia en materia de derechos humanos en la que se vulnera el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a vivir con dignidad, el derecho a la alimentación apropiada, entre otros. Como fue exigido por WIEGO, la UTEP y el CELS durante la audiencia: El gobierno debe actuar ahora para proteger a lxs trabajadorxs en empleo informal, parar los discursos que lxs estigmatizan y restaurar las protecciones sociales. Las contribuciones sociales, ecológicas y económicas de lxs trabajadorxs en empleo informal deben reafirmarse mediante la restitución tanto de las medidas de protección social como de políticas laborales inclusivas que reconozcan y apoyen su función esencial. La comunidad internacional deben apoyar estas demandas colectivas, exigir cambios y solidarizarse con lxs trabajadorxs en empleo informal de Argentina en su lucha por justicia y seguridad.