El acceso a la vacuna y la justicia económica

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Christina Ohenewaa, a street vendor in Accra, Ghana
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Christy Braham

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En todo el mundo, más de dos mil millones de personas tienen un empleo informal. Lxs trabajadorxs en empleo informal siguen enfrentando un cúmulo de vulnerabilidades que se han agravado durante la pandemia de la COVID-19: la naturaleza precaria de su trabajo, el ambiente generalmente inseguro en el que deben llevarlo a cabo y también los múltiples y sistemáticos fallos para proporcionarles una protección social adecuada para protegerse de las enfermedades y de la inseguridad financiera. El acceso de lxs trabajadorxs en empleo informal a la vacuna contra la COVID-19 para abordar estas vulnerabilidades, a más de un año de que el brote fuera declarado pandemia, es, sin dudas, una cuestión de justicia económica.

La salud y la economía mundial son interdependientes: hay décadas de investigación que han medido el impacto de las enfermedades en el empleo y en la productividad humana. Lograr un mayor acceso a atención médica (incluida la provisión de seguro médico) probablemente mejore los alcances en materia sanitaria, en especial una reducción de la morbilidad y de la mortalidad por enfermedad. Mejorar los alcances en materia de salud permite que lxs trabajadorxs pierdan menos tiempo de trabajo productivo debido a enfermedades y que así incrementen su rendimiento económico. Además, lxs trabajadorxs con suficiente acceso a asistencia sanitaria suele tener un menor gasto de bolsillo en atención sanitaria, lo que se traduce en mayores ingresos disponibles para gastar en bienes y servicios. Así como incrementan los ingresos públicos a través de los impuestos, estos gastos adicionales también generan beneficios para lxs vendedorxs y fortalece toda la economía, en forma de efecto multiplicador. A su vez, una economía más fuerte aumenta la probabilidad de poder atender otras necesidades de la sociedad que promueven la salud de forma inherente, como un empleo justo, una vivienda adecuada y el acceso a la educación.

La vacunación es una de las caras del acceso a la atención sanitaria, puesto que las vacunas son un producto comercial de salud. La capacidad de acceso a la vacunación está determinada por un número de factores, como el poder adquisitivo local/nacional para obtener las vacunas y la capacidad de compra de las vacunas entre la población (en los casos en que no se administran gratuitamente). La vacunación es reconocida como uno de los instrumentos más rentables para prevenir los problemas de salud y sortear la elevada e inevitable carga de los costos asociados a los ingresos hospitalarios para la atención de emergencia y otros servicios de salud curativos. Los países del hemisferio sur se han beneficiado, particularmente, con un importante retorno de inversión a través de los programas de vacunación contra la viruela y la poliomielitis en las últimas décadas. El acceso a la vacunación tiene, sin dudas, beneficios económicos; lxs autorxs de un reciente artículo que reflexiona sobre la vacunación contra la COVID-19 la han descrito como un acto de inversión en capital humano que tiene un impacto duradero en las economías de todo el mundo".

La vacunación contra la COVID-19 está a punto de convertirse en un factor clave para el movimiento por la justicia económica de lxs trabajadorxs en empleo informal. El ausentismo laboral (y el presentismo en el trabajo con productividad reducida) como resultado de las restricciones impuestas debido a la COVID-19 o por enfermedad probablemente tenga un gran impacto en la seguridad de los ingresos de lxs trabajadorxs en empleo informal, como así también en toda la economía. Esto ya se ha observado en Bahia, Brasil, en donde la disminución de la actividad de lxs trabajadorxs en empleo informal en el mercado de trabajo se relacionó con significativos efectos negativos en la economía. Esto también empeoraría debido a las desigualdades socio-económicas que experimentan de manera rutinaria lxs trabajadorxs en empleo informal, lo que se materializa en forma de pobreza relativa, escaso acceso a la atención médica y falta de protección social. La información incluida en el Estudio sobre la crisis de la COVID-19 y la economía informal de WIEGO ya ha ilustrado el ausentismo por COVID-19 entre lxs trabajadorxs en empleo informal: Casi el 70% de todxs lxs trabajadorxs en empleo informal encuestadxs informaron haber dejado de trabajar durante los primeros periodos de aislamiento social obligatorio. Este problema se agrava aún más debido al riesgo de que los familiares que dependen de lxs trabajadorxs contraigan COVID-19 y se enfermen, lo que aumenta la carga de cuidado especialmente de las trabajadoras en empleo informal y lo que probablemente incrementará el ausentismo/presentismo con productividad reducida y, por lo tanto, limitará el rendimiento económico de lxs trabajadorxs.

El nacionalismo de las vacunas (es decir, cuando los gobiernos se aseguran grandes cantidades de vacunas para sus propias naciones a expensas de las otras) representa un gran riesgo económico: la Cámara de Comercio Internacional estimó recientemente que podrían perderse hasta USD 9,2 billones de la economía mundial como consecuencia. Se han expresado alertas similares en otros lugares, en las que se indica que el crecimiento mundial podría ser la mitad del 4% estimado por el Banco Mundial si el suministro de vacunas sigue siendo desigual y lento.

A nivel nacional, es probable que el acceso de lxs trabajadorxs en empleo informal a las vacunas también tenga repercusiones económicas si los gobiernos no perciben a estxs trabajadorxs como parte de un grupo prioritario dentro de determinados contextos nacionales. Por ejemplo, en Sudáfrica se están llevando a cabo negociaciones entre múltiples partes interesadas (que incluye a representantes de lxs trabajadorxs en empleo informal) para acordar qué trabajadorxs (en empleo formal e informal) deberían incluirse en la definición de "trabajadorxs esenciales" en la segunda fase del programa de vacunación, tras la finalización de la primera fase, dirigida a lxs trabajadorxs de la salud. Además, puede haber problemas con respecto a la accesibilidad de lxs trabajadorxs en empleo informal a los centros/clínicas de vacunación en relación con la ubicación y los horarios de atención, el costo de recibir la vacuna (si no es gratuita) y el nivel de los reembolsos a través de los programas de seguro médico que estarían a disposición de lxs trabajadorxs en empleo informal. Todos estos factores podrían suponer importantes barreras para lxs trabajadorxs en empleo informal a la hora de intentar acceder a una vacuna y, finalmente, a la hora de intentar solucionar su inseguridad de ingreso y cualquier reducción en su productividad.

Mientras los programas existentes de distribución de vacunas se mantengan básicamente sin cambios, tanto a nivel nacional como mundial, el impacto de la COVID-19 en los ingresos de lxs trabajadorxs en empleo informal y en toda la economía podría ser catastrófico. Además, toda incertidumbre económica resultante podría producirse en un escenario de aparición de variantes de COVID-19 resistentes a las vacunas. Cuanto más tiempo se tarde en distribuir la cantidad necesaria de vacunas para ofrecerle protección a todxs, más probable será la aparición de estas variantes. Sin embargo, estos escenarios pueden evitarse en gran medida si se distribuyen las vacunas de forma equitativa, más estratégica y con mayor rapidez.

A un año de que la Organización Mundial de la Salud declarara la COVID-10 como una pandemia, el acceso de lxs trabajadorxs en empleo informal a la vacunación es fundamental para "suavizar el golpe" de una triple crisis de salud, económica y de atención médica. Aunque lxs trabajadorxs en empleo informal no deberían reducirse solamente a su rendimiento económico, es crucial ver la cuestión de la vacunación a través de una lente de justicia económica (que es, en muchos casos, inseparable de la idea de acceso a la atención sanitaria) para comprender la profundidad del impacto de la COVID-19 en lxs trabajadorxs en empleo informal.

Foto: Christina Ohenewaa, 50 años, es comerciante de cosméticos en Accra, Ghana. Créditos: Benjamin Forson

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